La empresa de alumbrado eléctrico AGM Desarrollo interpuso este martes una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d´Aubuisson, por los presuntos delitos de Actos arbitrales y Falsedad documental agravada al incumplir el pago a AGM por la prestación de servicios de alumbrado público y mantenimiento.
De acuerdo con la parte legal de la empresa, la Alcaldía de Santa Tecla concesionó a AGM el servicio de alumbrado público en diciembre de 2014, sin embargo, en mayo de 2015 el alcalde d´Aubuisson suspendió el pago a la empresa de manera injustificada. La demanda también fue interpuesta en contra del secretario municipal y algunos miembros del Consejo Municipal.
“Lo que pedimos es que se requieran las certificaciones de los documentos de los acuerdos municipales donde se han concretado los actos arbitrarios y la falsedad documental con fecha de mayo y agosto de 2015. La FGR debe solicitar esos documentos para que constante el cometimiento de actos arbitrarios por parte del edil y la falsedad documental, en perjuicio económico grave a AGM”, dijo a ContraPunto la abogada Bertha DeLeón, parte legal de AGM.
Según la profesional del derecho, la empresa continúa cumpliendo su parte del contrato pese a que en la comuna tecleña no reciben las facturas.
“AGM instaló las más de seis mil luminarias que le obligaba el contrato, le da servicio y manteamiento al alumbrado público, pero no recibe desde mayo de 2015 ningún pago. De hecho en la alcaldía se niegan a recibir las facturas. AGM está pagando impuestos por esos ingresos que no está recibiendo. El perjuicio económico actualmente rebasa el millón de dólares”, sostiene DeLeón.
Representantes de la empresa demandante afirman que la comuna aún continúa solicitando sus servicios pero injustificadamente se niega a cancelarlos.
“La alcaldía sigue solicitando información, siguen pidiendo mantenimiento, y nos está perjudicando al no recibir las facturas, al retenernos las fianzas de cumplimiento de la inversión de maneras arbitrarias por más de un año”, expresó Carlos Franco, director ejecutivo de AGM.
La abogada afirma que el delito de actos arbitrarios tiene una pena de hasta seis años de prisión, mientras que el delito de falsedad documental agravada puede enfrentar una pena de hasta ocho años de prisión.
Los demandantes llaman a la FGR a que investigue quiénes son las personas que suscribieron, a parte del alcalde, esos acuerdos de la suspensión de dicho contrato.
