A cuatro años de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, organizaciones defensoras de derechos humanos plantearon que aún existen “grandes desafíos” para conciliar el derecho a la “justicia y reparación de las víctimas” de pérdidas humanas durante el conflicto armado.
Asimismo, denunciaron las “actitudes de encubrimiento”, hacia los crímenes de guerra, en las que asociaron Gobierno de la República y a las Fuerzas Armadas.
El espacio de reflexión fue precedido por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), en el marco del 32 aniversario de su fundación; y tuvo presencia del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos "Marianella García Villas" (CODEFAM); la asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, “María Julia Hernández”, así como la Concertación Monseñor Romero.
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Reiteran la lucha por la reparación de las víctimas
En la búsqueda por el resarcimiento y reparación a víctimas de violaciones a los derechos humanos, las organizaciones de representantes y defensoras reiteraron su participación en la búsqueda, individualización y judicialización de los autores materiales e intelectuales involucrados en la ejecución de crímenes de guerra.
“Sabemos que de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, quienes participaron fueron el ejercito, las Fuerzas Armadas, y es ahí de dónde es necesario investigar. Y si no se puede investigar, pues, estaríamos haciendo nada, porque realmente, ¿dónde está la prueba?”, expresó a ContraPunto el director de Tutela Legal, Ovidio González.
Si bien, la ausencia de una ley de amnistía ahora hace posible la judicialización de las “Violaciones a los Derechos Humanos” y los “Crímenes de Lesa Humanidad”, anteriormente velados por la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, los defensores dicen no estar satisfechos:
VEA: SALA DECLARA INCONSTITUCIONAL LA LEY DE AMNISTÍA
“Cuando se firman los acuerdos de Paz, el documento incluye un apartado que se llama superación de la impunidad, 28 años después, ese apartado sigue pendiente. Eso significa que los acuerdos de paz no se han cumplido de manera satisfactoria”, expresó el colaborador judicial de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), David Ortiz.
Los defensores, además, manifestaron que el sistema judicial del país no es activo en la judicialización de los supuestos responsables, al no “hacer justicia” sobre el asesinato de los jesuitas de la Universidad Centroamericana: José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo
Pero no fue sino hasta el pasado 11 de septiembre, el Tribunal de la Audiencia Nacional de Madrid responsabilizó sólo al ex-coronel de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), inocente Montano, del asesinato de los seis jesuitas españoles, y excatedráticos de la UCA.
También calificaron de “encubrimiento” a la reiterada negación de apertura de los expedientes militares, para la judicialización del “Caso El Mozote y Lugares Aledaños”, ejecutada bajo las órdenes del presidente y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele.
VEA: JUEZ DE CASO MOZOTE PIDE INVESTIGAR SI HAY DELITO EN BLOQUEO DE LOS ARCHIVOS MILITARES
“Es proporcionar ecubrimiento a quienes actuaron como los actores activos de esas violaciones a los derechos humanos. Es encubrirles, es permitirles mantenerse en la impunidad. Para mí, el no permitir el acceso a los archivos es, pues, obstruir también la justicia”, dijo González, quién además fue querellante del Caso El Mozote y Lugares Aledaños.
Pese a las arbitrariedades, las organizaciones declaran que insistirán a favor de las víctimas.
“En España condenaron al militar de apellido Montano, por la Masacre de la UCA. Y no es indispensable que hayan archivos militares. El caso de El Mozote va a seguir avanzando muy a pesar de la Clase Política que sigue defendieron a Criminales de Guerra; a esas personas que se niegan a evidenciar la verdad, a permitir el acceso a los archivos…”, manifestó Ortiz.
“El desafío es conseguir la prueba, que involucre, que aporte los nombres de quienes participaron de parte del ejercito en esas graves violaciones a los derechos humanos…. Hacen falta algunas exhumaciones, hace falta saber qué es lo que responde la FGR sobre la certificación que hizo el juez en relación a la obstaculización de los archivos”, añadió Ovidio.
Reiteran Preservar la Memoria Histórica
También juzgaron necesaria la preservación de la memoria histórica para reiterar la necesidad de justicia y reparación de las víctimas. En el espacio de reflexión, FESPAD presentó el documental titulado ¡Pronuncia mi nombre!”, en el que documenta la "voz" de los defensores.
“El audiovisual es una compilación de voces necesarias, de voces que todo El Salvador debería de conocer, de voces que la Comunidad Internacional debería de conocer, que los organismos internacionales de Derechos Humanos debería de conocer. Son de personas que han luchado durante toda su vida por saber dónde está su hijo, su hermano, su esposo, su esposa, y hasta éste momento, el Estado Salvadoreño se sigue negando a reconocer que el Conflicto Armado generó víctimas”, detalló Ortiz.
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En el audiovisual se documentan los testimonios de las víctimas de pérdidas humanas, durante las décadas de los 70`s, 80`s y 90`s.
“Para mí es muy importante, porque éste vídeo llega hasta la población, llega hasta los jóvenes,, para que ellos conozcan lo que pasó, lo que sufrimos, y que ellos le den seguimiento a éste proyecto. Y creo que eso es necesario, porque nosotros ya venimos luchando desde varios años, pero aún nos falto todo eso seguir… porque aún nos falta la justicia, la verdad y la reparación. Así que, nosostros, mientras eso no lo consigamos, mientras Dios nos tenga con vida, vamos a seguir en la lucha”, expresó a ContraPunto la presidenta CODEFA, Guadalupe Mejía.
