Jorge Guzmán, juez salvadoreño a cargo del caso de la masacre de “El Mozote”, en el que soldados asesinaron a casi un millar de campesinos en 1981 y que se constituye en la más grande de Latinoamérica moderna, exigió a la Fiscalía General (FGR) el lunes que investigue si el presidente, Nayib Bukele, y el ministro de Defensa, el contraalmirante René Francis Merino Monroy, cometieron algún delito al bloquear las inspecciones judiciales de los archivos militares, en busca de datos sobre la referida masacre.
La resolución del juez de Instrucción de ciudad de San Francisco Gotera, Morazán, Jorge Guzmán, también exigió que se investigue la posible sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar.
Con esas dos acciones el Gobierno habría incumplido las medidas cautelares que protegían los documentos.
Domingo Monterrosa, el más alto oficial ya fallecido, autor de la Masacre de El Mozote
En días recién pasados Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que las inspecciones de los archivos militares eran legales, no obstante, la fuerza armada impidió el acceso de los investigadores a las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerzas Armada y a cinco guarniciones militares señaladas de participar en la Masacre de El Mozote, la más grande documentada en la historia latinoamericana, para buscar evidencias que puedan ayudar al esclarecimiento del caso.
Entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, a unos 120 kilómetros al este de San Salvador durante una operación de un batallón entrenado en Estados Unidos en tácticas de contrainsurgencia, los soldados entraron a El Mozote y lugares aledaños en busca de guerrilleros, pero mataron a civiles, en su mayoría mujeres, ancianos y niños.
El juez Guzmán inició el 29 de marzo de 2017 la notificación a 18 militares sobre su inclusión en un proceso penal por la masacre de 1,000 campesinos en El Mozote, norte del departamento de Morazán, zona en la que había y hubo intensa actividad insurgente.
Entre los militares juzgados se encuentran dos exministros de la Defensa Nacional, el ex jefe de la Aviación, así como otros ex altos mandos.
Los abogados David Morales y Wilfredo Medrano, que participan en el juicio como querellantes en representación de las víctimas, solicitaron al juez Guzmán que notificara a la Fiscalía para que indague si al impedir las inspecciones “se ha incurrido por acción u omisión en el cometimiento de delitos”.
Guzmán pidió que se investigue si el presidente Bukele y el ministro de Defensa, “quienes supuestamente ordenaron denegar el acceso a los archivos militares, y se investigue si se ha incurrido en delito, en la sustracción de documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar".
En cumplimiento de una orden judicial, el gobierno salvadoreño entregó al tribunal de justicia los archivos desclasificados relacionados con la matanza, pero los abogados querellantes denunciaron que al verificar el contenido “resulta que se trata de la misma documentación que se ha remitido” en el gobierno anterior ante peticiones de informes.
Cuando Bukele informó que había ordenado la búsqueda de los archivos explicó que verificaron que muchos fueron destruidos en los casi 40 años trascurridos desde la matanza.
“Yo he desclasificado todo lo que queda de los archivos de la masacre de El Mozote. No estamos escondiendo ni media página, la historia nos dará la razón”, afirmó el mandatario en conferencia de prensa.
Un informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1983 responsabilizó de la matanza al coronel Domingo Monterrosa, al coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales que no fueron juzgados por la vigencia de la Ley General de Amnistía promovida por el entonces presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).
Nadie ha sido condenado por el suceso. Más de tres décadas después de la matanza, el juez Guzmán reabrió la investigación y ha procesado a un grupo de militares retirados, que en su momento ocuparon puestos de dirección durante la guerra civil que concluyó con los acuerdos de paz de 1992.
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