Por Alonso Rosales
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el pasado 10 de agosto no solamente derribó viviendas, edificios, escuelas y vías. También sacó a la superficie problemas que durante décadas permanecieron ocultos bajo la indiferencia institucional: pobreza, aislamiento, falta de infraestructura, violencia, desplazamiento y una deuda histórica con regiones como el Chocó.
Para el presidente Abelardo de la Espriella, que llevaba apenas tres días en el poder cuando ocurrió el desastre, el sismo representa la primera gran prueba de su Gobierno. Pero también constituye una prueba mucho más profunda: demostrar que las promesas de reconstrucción pueden convertirse en obras concretas y que los anuncios oficiales pueden transformarse en alimentos, medicinas, viviendas y asistencia para quienes todavía esperan en los territorios más apartados.
El Gobierno ha anunciado planes ambiciosos. La Presidencia calcula que la reconstrucción de las zonas más afectadas requerirá alrededor de 30 billones de pesos colombianos, equivalentes a unos 9.600 millones de dólares, de los cuales 24,5 billones corresponderían a daños en edificaciones y 5,5 billones a infraestructura. El Ejecutivo también declaró la emergencia económica, social y ecológica y puso en marcha mecanismos extraordinarios para movilizar recursos.
Pero entre Bogotá y las comunidades afectadas existe una distancia que no se mide únicamente en kilómetros.
Se mide en el tiempo que tarda una familia en recibir una carpa.
En los días que una comunidad puede permanecer sin agua.
En las horas que un enfermo debe esperar por medicamentos.
Y en la diferencia entre escuchar un anuncio presidencial y comprobar que la ayuda efectivamente llegó.
El problema no es solamente lo que anuncia el Gobierno
La administración de De la Espriella sostiene que ha desplegado ayuda humanitaria y que puso en marcha un plan nacional de reconstrucción. El Ministerio del Interior informó, por ejemplo, que habían llegado 18 toneladas de alimentos al Chocó, mientras se gestionaban carpas, medicamentos, alimentos, tanques de agua y maquinaria.
El Gobierno también anunció un programa de reconstrucción que pretende atender a decenas de miles de familias damnificadas mediante la participación del sector público, constructores, entidades territoriales, bancos, aseguradoras y cooperantes internacionales.
Sobre el papel, las medidas parecen amplias.
El problema está en la última milla.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que en los territorios afectados todavía existen necesidades relacionadas con albergues, salud, servicios públicos, educación, evaluación de viviendas, censos de damnificados y entrega de ayuda humanitaria. El organismo también ha pedido mayor agilidad y cobertura para determinar el estado de las viviendas y avanzar en los planes de recuperación.
Esto significa que la discusión ya no puede limitarse a cuántos decretos firma el Gobierno o cuántos billones anuncia.
La verdadera pregunta es otra:
¿Cuánto de esa ayuda está llegando realmente a las comunidades más alejadas?
Porque para una familia que perdió su vivienda, una cifra anunciada desde Bogotá no es un techo.
Para un niño que perdió su escuela, un decreto no es educación.
Para una comunidad sin medicamentos, un plan nacional no es atención médica.
Y para quienes duermen bajo plásticos o en viviendas parcialmente destruidas, una promesa de reconstrucción no sustituye una vivienda segura.
Chocó: el departamento que Colombia no puede seguir olvidando
El caso del Chocó es especialmente dramático.
El departamento ha cargado durante décadas con algunos de los indicadores sociales y económicos más preocupantes de Colombia. Su aislamiento geográfico, la precariedad de las vías, la limitada infraestructura sanitaria, la pobreza y la presencia de grupos armados han convertido a buena parte de su población en víctima de una combinación de abandono estatal y violencia.
El terremoto no creó esa crisis.
La hizo visible para todo el país.
La tragedia golpeó precisamente a una región que ya tenía enormes dificultades para atender una emergencia de semejante magnitud. Associated Press describió al Chocó como una zona marcada por extrema pobreza, infraestructura deficiente y conflicto armado, mientras que la distancia y la escasez de carreteras complican el traslado de ayuda, que en muchos lugares depende de ríos o transporte aéreo.
Por eso resulta insuficiente hablar del terremoto únicamente como una catástrofe natural.
En el Chocó, el desastre natural se superpone con un desastre social acumulado durante generaciones.
Una región con dificultades estructurales para acceder a servicios básicos enfrenta ahora viviendas destruidas, escuelas afectadas, centros de salud bajo presión y familias desplazadas.
Las Naciones Unidas reportan que el terremoto afectó gravemente varias regiones del occidente y centro del país y que el impacto se extendió a 15 departamentos y 472 municipios.
Pero la dimensión territorial del desastre no debe utilizarse para diluir las responsabilidades.
Precisamente porque el Chocó es uno de los territorios históricamente más vulnerables, debería recibir una atención proporcionalmente mayor.
La propia Presidencia ha reconocido que, aunque el valor absoluto de los daños sea menor que en otros departamentos, la afectación proporcional del Chocó es la más alta y ha planteado un plan especial para la región.
La pregunta ahora es si ese reconocimiento se traducirá en una transformación real.
Cuando la ayuda se queda en los anuncios
En Cali, Pereira y otras zonas afectadas también han aparecido testimonios contradictorios.
Hay voluntarios que reconocen la presencia de equipos oficiales y rescatistas. Pero también hay habitantes que aseguran que continúan esperando asistencia.
Esa diferencia resulta fundamental.
No se puede afirmar que el Estado haya desaparecido de todas las zonas afectadas. Sería injusto con los rescatistas, militares, policías, médicos, funcionarios y voluntarios que han trabajado desde las primeras horas.
Pero tampoco puede ignorarse a quienes dicen que la ayuda no llegó a sus comunidades o que llegó tarde.
Ambas realidades pueden existir simultáneamente.
Un Gobierno puede movilizar miles de personas y toneladas de alimentos y, al mismo tiempo, dejar comunidades insuficientemente atendidas.
Ese es precisamente el desafío de una emergencia de esta magnitud.
El presidente puede anunciar un gran plan desde Bogotá. El ministro puede explicar sus componentes. Las instituciones pueden publicar balances.
Pero si una familia en una comunidad apartada continúa sin comida, agua, medicamentos o vivienda, para esa familia la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.
La reconstrucción no debe medirse por el número de ruedas de prensa.
Debe medirse por el número de vidas reconstruidas.
Roldanillo y las fosas que el terremoto sacó a la luz
El terremoto también produjo otro hallazgo estremecedor.
En Roldanillo, Valle del Cauca, el movimiento de tierra afectó estructuras del cementerio y dejó expuestos restos humanos, prendas y elementos que podrían estar relacionados con personas no identificadas y con víctimas del conflicto armado colombiano.
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas —UBPD— confirmó que, después del terremoto, recibió reportes sobre afectaciones en el cementerio de Roldanillo y otros camposantos, incluyendo estructuras, bóvedas, prendas y posibles restos de personas no identificadas. La entidad inició labores para censar y proteger estos lugares de interés forense.
Aquí es necesario ser rigurosos.
No puede afirmarse todavía que todos los restos descubiertos correspondan a fosas clandestinas ni que sean víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La investigación forense debe establecer quiénes son esas personas, cuándo murieron y bajo qué circunstancias fueron enterradas.
Sin embargo, el hallazgo tiene una enorme importancia histórica.
Informaciones periodísticas han señalado que los restos expuestos en Roldanillo podrían estar relacionados con víctimas del conflicto armado y han planteado la posibilidad de que algunos correspondan a personas desaparecidas o incluso a casos vinculados con los llamados “falsos positivos”.
Los llamados falsos positivos fueron ejecuciones extrajudiciales en las que civiles fueron asesinados y posteriormente presentados por miembros de la fuerza pública como integrantes de grupos armados muertos en combate.
Por eso, cada resto humano encontrado en un lugar de interés forense puede representar mucho más que un cadáver.
Puede representar una familia que lleva años esperando una respuesta.
Puede ser el padre que nunca regresó.
El hijo cuya desaparición quedó sin explicación.
El hermano cuya familia jamás pudo realizar un entierro.
El terremoto, paradójicamente, abrió una puerta hacia una memoria que Colombia todavía no ha terminado de reconstruir.
Y esa memoria también necesita recursos, protección y verdad.
La tragedia actual se mezcla con las tragedias del pasado
Esta es quizá una de las dimensiones más profundas del desastre.
Colombia está intentando reconstruir viviendas mientras todavía intenta reconstruir su memoria.
Está levantando edificios mientras busca cuerpos.
Está reparando carreteras mientras miles de familias continúan buscando a desaparecidos.
Y en algunos cementerios, el movimiento de la tierra puede poner en peligro evidencias fundamentales para esclarecer crímenes cometidos durante décadas de conflicto.
La UBPD ha advertido precisamente sobre la necesidad de proteger cementerios afectados por el terremoto, porque allí podrían encontrarse cuerpos de personas desaparecidas.
Por ello, la reconstrucción no puede limitarse al cemento.
También debe proteger la memoria.
La prueba política de De la Espriella
El presidente llegó al poder prometiendo seguridad, reducción del gasto público y una transformación profunda del Estado.
Ahora el terremoto cambió las prioridades.
Su Gobierno necesita gastar.
Necesita construir.
Necesita subsidiar.
Necesita financiar la recuperación.
Y necesita hacerlo con rapidez, pero también con transparencia.
La propia administración ha reconocido que el costo preliminar de los daños ronda los 30 billones de pesos. Reuters informó que la cifra incluye 24,5 billones en pérdidas de edificaciones y 5,5 billones en infraestructura, aunque se trata de una estimación que puede aumentar a medida que avance la evaluación.
Eso plantea un enorme desafío fiscal.
Pero también una oportunidad política.
De la Espriella ganó la segunda vuelta por un margen estrecho y llega a un país profundamente dividido. En regiones golpeadas por el terremoto hubo sectores importantes que no votaron por él.
Por eso la reconstrucción no puede convertirse en un premio para quienes apoyaron al Gobierno ni en un castigo para quienes votaron en contra.
Una vivienda destruida no pregunta por quién votó su propietario.
Un hospital dañado no pregunta qué partido apoyaba el paciente.
Una escuela derrumbada no pregunta por la ideología de sus estudiantes.
La emergencia exige exactamente lo contrario de la polarización: un Estado que atienda a todos.
La alianza con Trump también será puesta a prueba
Otro elemento importante será la relación de De la Espriella con Washington.
El presidente colombiano ha apostado por una estrecha relación con Donald Trump y ha presentado esa cercanía como una ventaja estratégica para Colombia.
Estados Unidos anunció 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria para responder al terremoto. Al mismo tiempo, la Casa Blanca no ha accedido, hasta ahora, a la petición colombiana de suspender temporalmente los aranceles a productos colombianos como mecanismo para aliviar la economía golpeada por la emergencia.
Aquí aparecerá otra prueba para la diplomacia de De la Espriella.
Si su relación con Washington es presentada como una ventaja para Colombia, los ciudadanos tendrán derecho a preguntarse qué beneficios concretos produce esa alianza en momentos de crisis.
No basta con fotografías, declaraciones de amistad o coincidencias ideológicas.
Una alianza internacional debe producir resultados.
Y el resultado más urgente ahora es ayudar a reconstruir un país golpeado.
El Chocó no necesita otra promesa
El terremoto ha colocado al Chocó nuevamente en el centro de la conversación nacional.
Pero sería una tragedia que, después de que desaparezca la atención mediática, el departamento vuelva a quedar en el olvido.
Chocó no necesita que Colombia lo recuerde únicamente cuando ocurre un terremoto.
Necesita carreteras.
Necesita hospitales.
Necesita escuelas.
Necesita agua potable.
Necesita viviendas dignas.
Necesita conectividad.
Necesita oportunidades económicas.
Necesita seguridad.
Y necesita que el Estado permanezca cuando las cámaras de televisión se marchen.
El Gobierno de De la Espriella tiene ahora la posibilidad de convertir una tragedia en un punto de inflexión.
Puede hacer que el terremoto sea recordado únicamente por sus muertos y sus ruinas.
O puede convertirlo en el momento en que Colombia decidió reconstruir de verdad una de sus regiones históricamente más olvidadas.
La diferencia estará en la ejecución.
Porque el país ya ha escuchado los anuncios.
Ahora quiere ver las obras.
Las familias quieren recibir las ayudas.
Los damnificados quieren volver a sus casas.
Los enfermos necesitan medicamentos.
Los niños necesitan escuelas.
Los desaparecidos necesitan ser buscados.
Y las comunidades del Chocó necesitan comprobar que, esta vez, Bogotá no solamente las mira desde lejos.
La verdadera reconstrucción de Colombia comenzará cuando la ayuda deje de ser un anuncio y se convierta en una realidad tangible en cada comunidad afectada.
Fuentes consultadas
- NBC News/Telemundo, reportaje sobre la respuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella y la situación política tras el terremoto.
- Reuters, estimación preliminar de daños por aproximadamente 30 billones de pesos.
- Associated Press, impacto humanitario del terremoto en Chocó.
- Presidencia de Colombia, balance y plan de reconstrucción.
- Defensoría del Pueblo, seguimiento a las necesidades de las comunidades damnificadas.
- Naciones Unidas en Colombia, actualización humanitaria sobre el terremoto.
- Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, intervención en cementerios afectados, incluido Roldanillo.
- EL PAÍS, investigación sobre los restos expuestos en Roldanillo y el riesgo para la memoria del conflicto armado.
