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viernes, 07 de mayo del 2021

D´Aubuisson ordenó muerte de Mons. Romero, dice Marí­a Julia Hernández

Este artí­culo fue publicado en El Paí­s, de España, en mayo del 2006. Hoy lo republicamos en ContraPunto en homenaje a la Dra. Hernández en el 12 aniversario de su fallecimiento

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Hace un poco más de 26 años el Arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, caí­a abatido por un francotirador, a quien aún no se logra identificar; es como si la tierra se lo hubiese tragado. Monseñor Romero oficiaba una misa en un hospital para cancerosos de San Salvador. A ofrecer el pan y el vino se disponí­a en la liturgia, cuando una bala explosiva le destrozó el corazón y lo dejó sin vida al instante.

Varias investigaciones, nacionales e internacionales, coinciden en que a Romero -sometido hoy a un proceso de canonización por el Vaticano- lo mandó a matar el ex mayor de inteligencia Roberto D´Aubuisson ““ya fallecido-, quien comandaba un escuadrón de la muerte con nexos poderosos a nivel militar y económico. El magnicidio negó cualquier posibilidad de entendimiento polí­tico y fue el principal detonante de una guerra civil de 12 años, con 75 mil muertos. La polarización generada entonces aún tiene vigencia.

“La zona más oscura” de aquel crimen está centrada en el francotirador, la persona “contratada” para ejecutar al religioso. Las investigaciones no han dado con su  identidad, aunque las sospechas son muchas: desde un odontólogo, pasando por un cubano “asesino a sueldo”, hasta llegar recientemente a un oficial nombrado Emilio Antonio Mendoza, presunto asesor argentino, miembro de un grupo que entrenaba en la década de los 80 a la G-II (inteligencia) de la extinta Guardia Nacional (GN).

En una publicación reciente de un informes de la estación de la  Agencia Central de Inteligencia (CIA), en El Salvador,  enviado a Washington y fechado en mayo de 1985, se revela que Mendoza habrí­a reconocido en la GN que disparó contra Romero, aquel 24 de marzo de 1980. Tal informe, desclasificado en 1993 por la CIA, aún tiene tachaduras.

“Quien disparó fue un ejecutor o autor material en la cadena de responsabilidades”, afirmó Marí­a Julia Hernández, directora de Tutela Legal del Arzobispado desde hace más de 26 años, además asistente de Romero en temas de derechos humanos. Hernández  conoce al detalle el “caso Romero”; desde su asesinato no descansa en buscar justicia.

“Antes se habló de que el ejecutor fue un cubano; se dijo también de un agente de la GN; ahora se habla de este argentino Mendoza, del que no se tiene razón y quizás se trate de un seudónimo… Pero hay un punto importante en el proceso legal interrumpido en El Salvador: el chofer, Amado Garay, quien condujo al francotirador señaló al odontólogo Ernesto Regalado, ex jefe de la seguridad personal de D´Aubuisson, como la persona que disparó”, explica a abogada.

“Fue sospechoso que en el proceso judicial en la década de los 80 se haya suspendido repentinamente la investigación referida a Regalado; al mismo tiempo, se  suspendió la extradición del capitán Álvaro Saravia, quien habí­a sido apresado en Estados Unidos. Desde entonces el caso está en la impunidad en El Salvador, porque a nivel internacional, en Estados Unidos el caso está judicializado en el tribunal federal de Fresno, California, donde Saravia fue condenado como un ejecutor material y D´Aubuisson como el autor intelectual, quien ordenó el asesinato de Monseñor Romero”, aclara Hernández.

“Yo acusé y acuso a D´Aubuisson de ese asesinato, no caben dudas. Ahora bien, si logramos establecer que el argentino Mendoza existió y que fue el que disparó, pues también tiene responsabilidades en la cadena. Así­ que las autoridades argentinas podrí­an contribuir a esclarecer este hecho, como están esclareciendo los horrores de sus dictaduras”, dijo con tono optimista esta mujer. “Todo se sabrá y habrá justicia un dí­a”, sentenció con firmeza Maria Julia Hernández.

La muerte de Romero, junto a la de medio centenar de religiosos asesinados durante la guerra civil, así­ como masacre de campesinos, el desaparecimiento de 8.000 personas y torturas no han sido hechos juzgados. Una amnistí­a general promulgada en 1993 protege a un puñado de criminales de lesa humanidad, tanto de militares como guerrilleros.

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