Jueza Gloria María Saavedra Corrales emite orden de confiscación de la UCA y la incautación de sus bienes, bajo la acusación de “terrorismo”
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de la jueza Gloria María Saavedra Corrales, del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, giró un oficio acusando de “terrorismo” a la Universidad Centroamericana (UCA), al mismo tiempo que ordenó la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles de la casa de estudios perteneciente a la Compañía de Jesús.
Fuentes vinculadas al Poder Judicial y a la universidad confirmaron por separado la orden de confiscación de la UCA emitida por la jueza, pero advierten que el oficio no se encuentra publicado en el sistema electrónico del Poder Judicial.
Las autoridades de la UCA fueron notificadas el 15 de agosto del corriente año, a las 05:29 minutos de la tarde, de acuerdo con un comunicado enviado este mediodía a la comunidad universitaria.
En el oficio la jueza Saavedra notifica a las autoridades univeristarias sobre “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA”, se lee en el documento.
Todos los bienes incautados a la UCA pasarán “a favor del Estado de Nicaragua”, por cual la jeza giró oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF),la Dirección Nacional de Registros, la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para que procedan con la confiscación.
Desde hace una semana las cuentas bancarias de la universidad permanecen bloqueadas y los bienes inmuebles fueron inmobilizados. A pesar de ello, la UCA ha continuado funcionando en la medida de lo posible, de hecho este martes 15 de agosto los trabajadores fueron notificados de que la universidad procedería a realizar los pagos correspondientes a la primera quincena de agosto.
Trabajadores resienten la embestida
“Claudia”, una trabajadora del área administrativa, explicó que en varias ocasiones revisó su estado de cuenta bancaria, confirmando de esta manera que la universidad no le ha pagado su quincena correspondiente. Asegura, sin embargo, que lo que más le preocupa es la falta de información.
“Aún no sabemos nada, no sabemos si nos van a pagar, la universidad no nos ha dicho nada”, advierte la fuente. “Me siento bien preocupada, ya que mi familia depende de los ingresos que tengo en este trabajo”, agrega.
“Verónica” es docente horaria de la UCA, en el periodo intersemestral que acaba de concluir tuvo a su cargo una tutoría y se está preparando para impartir dos asignaturas correspondientes al segundo semestre 2023. A ella la universidad debió pagarle por la tutoría el 11 de agosto, dos días después que el régimen ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias, pero hasta este 15 de agosto no había recibido nada.
“Durante mi tiempo de trabajo con la UCA, mi contrato es por servicios profesionales, nunca se había retrasado un pago y entiendo que en esta ocasión está relacionado con la congelación de las cuentas bancarias”, expresó la docente.
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU).
A la expectativa de lo que suceda en los próximos días
Pese al bloqueo impuesto por el régimen, en la última semana la UCA estuvo funcionando con “normalidad”, valoró “Claudia”. Pero el ambiente laboral es “estresante” y lleno de “incertidumbre”, agrega. Por lo que la comunidad estudiantil está expectante de lo que pueda suceder en los próximos días.
“A nivel interno la situación es tensa”, advierte “Verónica”. “No sabemos más de lo que sale en los medios de comunicación porque el caso está siendo manejado de manera hermética”, agrega.
Mientras tanto, en el departamento de administración de la universidad las facturas por pagar se van acumulando cada día que pasa y en la oficina de Registro Académico cada vez es mayor el número de estudiantes que intentan gestionar su certificado de notas como una medida preventiva, en caso de que haga efectiva la confiscación de la UCA.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado 26 universidades nicaragüenses en dos años y medio, desde finales de 2021 a mediados de 2023. De estas, once fueron confiscadas.
“La UCA no sería la primera universidad que cierran, hay una lista que nos antecede, y justo por eso tememos tanto”, advierte “Verónica”. Al régimen “no le va a temblar la mano para cerrar un espacio tan importante, como es la UCA”, subraya.
Universidad Centroamericana está siendo asfixiada
El último zarpazo de la dictadura en contra de la UCA ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quitó la acreditación para operar como centro de mediación alterno de conflictos al bufete jurídico de la universidad, que tiene 54 años de brindar servicios a la población.
Ante la revocación abrupta, la UCA informó este mismo lunes, a través de un correo electrónico y de sus redes sociales, que el bufete jurídico “continuará brindando servicios jurídicos a la población en el horario acostumbrado”. Sin embargo, ya no realizarán los procesos de mediación como método alterno de resolución de conflictos.
Reacciones
Por su parte la Universidad Rafael Landívar emitió un comunicado condenó los hechos y los califico como el colofón de una estrategia que pretende eliminar la democracia en Nicaragua.
