Por Alonso Rosales
El proceso de reformas constitucionales impulsado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa avanzando en Nicaragua en medio de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales. En las últimas horas, trascendió que el jefe del Ejército de Nicaragua habría expresado, en representación del alto mando militar, su respaldo a la iniciativa presentada por la Asamblea Nacional para ampliar de cinco a siete años los períodos presidenciales y permitir su renovación, una medida que la oposición considera diseñada para consolidar de forma indefinida la permanencia de Ortega y Murillo al frente del Estado.
La reforma, promovida por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, busca modificar la Constitución bajo el argumento de garantizar “estabilidad, continuidad y gobernabilidad”. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos, analistas políticos y gobiernos democráticos sostienen que el verdadero propósito es eliminar los últimos mecanismos de alternancia en el poder y consolidar un régimen de carácter autoritario.
El respaldo que habría manifestado la cúpula militar representa un paso de enorme relevancia política, ya que evidencia el alineamiento de las principales instituciones del Estado con las decisiones de la copresidencia encabezada por Ortega y Murillo. Desde las protestas de 2018, diversas organizaciones internacionales han denunciado la progresiva concentración del poder, el debilitamiento de la independencia judicial, la persecución de opositores, el cierre de medios de comunicación y la eliminación de espacios democráticos.
La iniciativa constitucional surge pocos días después de que Daniel Ortega afirmara públicamente que en Nicaragua “no habrá más elecciones para que intenten tomar el gobierno y el poder”, una declaración que provocó condenas de diversos gobiernos y organismos internacionales.
La reforma también contempla cambios que impedirían participar en futuros procesos electorales a numerosos dirigentes opositores que fueron despojados de su nacionalidad o permanecen en el exilio, reduciendo aún más las posibilidades de competencia política.
Gobiernos de América Latina, Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y han reiterado que el derecho de elegir y ser elegido constituye un principio fundamental reconocido por el derecho internacional.
Mientras la Asamblea Nacional continúa el trámite legislativo de la reforma, la oposición nicaragüense sostiene que el país avanza hacia la institucionalización de un sistema sin alternancia política, en el que las reformas constitucionales servirían para otorgar apariencia de legalidad a la permanencia indefinida del actual liderazgo.
