Por Alonso Rosales
El debate sobre el derecho a la propiedad privada vuelve a ocupar un lugar central en Nicaragua. Mientras el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene que las incautaciones de bienes responden a procesos judiciales contra personas acusadas de delitos como traición a la patria y lavado de dinero, opositores en el exilio, organismos internacionales y analistas independientes denuncian que el país vive una nueva etapa de confiscaciones con fines políticos, destinada a dificultar cualquier futura restitución de esos bienes.
La controversia se produce en un contexto de creciente aislamiento internacional del Gobierno nicaragüense y de un endurecimiento de las medidas adoptadas contra dirigentes opositores, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil desde la crisis política iniciada en 2018.
La posición del Gobierno
Las autoridades nicaragüenses rechazan las acusaciones de confiscaciones ilegales y sostienen que los bienes han sido incautados conforme a la legislación vigente.
En mayo de 2024, el presidente Daniel Ortega afirmó que el Estado había recuperado propiedades valoradas en varios millones de dólares que, según su versión, estaban vinculadas con operaciones de lavado de dinero y otros delitos.
“Lo importante es que esa riqueza mal habida, que estaba en manos de delincuentes, está ahora en manos del Estado para beneficio del pueblo, de los pobres, de los campesinos y de la juventud”, expresó el mandatario.
En la misma línea, diputados oficialistas han defendido que en Nicaragua no existen confiscaciones arbitrarias, argumentando que las medidas responden a resoluciones judiciales amparadas por las reformas legales aprobadas por la Asamblea Nacional.
Las denuncias de la oposición en el exilio
La oposición nicaragüense exiliada sostiene una visión completamente distinta.
La ex presa política y médica Anely Pérez denuncia que su vivienda familiar fue ocupada tras ser desterrada junto a su familia en 2023 y afirma que nunca existió una base legal que justificara la pérdida de propiedades pertenecientes incluso a familiares que no enfrentaban procesos judiciales.
Por su parte, el economista y dirigente opositor Juan Sebastián Chamorro asegura que existe un patrón sistemático de despojo.
Según Chamorro, muchas propiedades inicialmente pasan a manos de instituciones estatales y posteriormente son transferidas o vendidas a terceros, dificultando que sus antiguos propietarios puedan reclamarlas en un eventual proceso de transición política.
“La intención es borrar el rastro documental para hacer cada vez más difícil recuperar esos bienes”, sostiene.
El analista político Eliseo Núñez considera que el mecanismo recuerda a la llamada “Piñata” ocurrida tras la salida del Frente Sandinista del poder en 1990, cuando numerosas propiedades estatales fueron transferidas a dirigentes y personas vinculadas al sandinismo.
Un fenómeno que preocupa a organismos internacionales
Diversos informes de Naciones Unidas han señalado que las confiscaciones forman parte de un patrón de persecución política contra voces críticas del Gobierno.
Organizaciones defensoras de derechos humanos también han documentado el cierre de universidades, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales y la ocupación de sus instalaciones por instituciones estatales.
Entre los casos más conocidos figuran las sedes de medios independientes como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, que posteriormente fueron utilizadas para oficinas públicas, centros educativos o instalaciones sanitarias.
El impacto económico
Especialistas advierten que las confiscaciones pueden tener consecuencias económicas de largo plazo.
Según estimaciones del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), al menos 135 propiedades han sido confiscadas a opositores, con un valor superior a 250 millones de dólares.
Otros analistas consideran que el costo para el Estado podría multiplicarse si en el futuro tribunales nacionales o internacionales ordenan indemnizaciones similares a las que Nicaragua debió pagar durante décadas por las expropiaciones realizadas en los años ochenta.
También señalan que la incertidumbre jurídica puede afectar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, especialmente después de nuevas leyes relacionadas con la propiedad de terrenos ubicados en zonas fronterizas.
Un debate sobre justicia y reparación
Para muchos opositores exiliados, la discusión no se limita al valor económico de los inmuebles.
Sostienen que cualquier proceso futuro de reconciliación nacional deberá incluir mecanismos de verdad, reconocimiento público y reparación integral para quienes consideran haber sido víctimas de persecución política.
Analistas coinciden en que el tema de la propiedad privada ha marcado buena parte de la historia contemporánea de Nicaragua y probablemente seguirá siendo uno de los principales desafíos para cualquier eventual proceso de transición democrática.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene que todas las actuaciones responden al marco legal vigente y a la protección de los intereses del Estado, mientras que la oposición insiste en que se trata de confiscaciones políticas que vulneran derechos fundamentales y buscan consolidar un despojo permanente.
Fuentes consultadas
- France 24 Español.
- Reuters.
- Associated Press (AP).
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU).
- Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU.
- Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA).
- Testimonios de Anely Pérez, Juan Sebastián Chamorro y Eliseo Núñez recogidos por France 24.
