La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, ante la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, señala algunas inconsistencias de esta normativa.
Para las organizaciones, la ley “tiene un enfoque privatizador del agua al otorgar autorizaciones de más de 15 años de cantidades de agua superiores a los 365 mil metros cúbicos de agua”. Aunque el oficialismo, que es el partido mayoritario en el Legislativo, determinó que las regulación estarán bajo la potestad del Estado.
Mientras que, el partido Nuevas Ideas -oficial-, ha negado en varias ocasiones estos señalamientos y sostiene que “el agua no podrá ser privatizada por ningún motivo”, y será el Estado salvadoreño el único que tomará decisiones al respecto.
La aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos se realizó el pasado 22 de diciembre, con el apoyo de 65 diputados, pero fue rechazado por 4 parlamentarios del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), más la abstención de otros 10 asambleístas, al considerar que la iniciativa es “privatizadora”.
En su momento, el jefe de la fracción legislativa de Nuevas Ideas, Christian Guevara, refutó tajantemente los cuestionamientos. “No es la sociedad civil, es ARENA y el FMLN los que están detrás de esto. Es el colmo del cinismo que hablen de no privatizar cuando querían poner a la ANEP en la mesa del agua. La bancada cyan sí llevará una propuesta que garantice la no privatización del Agua”, afirmó Guevara.
El gobierno, a través de un comunicado, detalló que “el nuevo instrumento legal está conformado por 9 títulos y 179 artículos, que contiene aportes de cinco sectores representantes de la sociedad civil: universidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas e iglesias de diferentes denominaciones de fe”.
Sin embargo, la integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, Katherine García, manifestó que existen vacíos en la ley respecto a los mecanismos de participación ciudadana. También, lamentó que los diputados no tomaran en cuenta las recomendaciones técnicas que ellos brindaron como colectivo.
“Nos tomaron en cuenta como un pequeño show mediático, nos tomaron en cuenta de una manera muy superficial; y claramente, (la ley) está adecuada para las grandes empresas”, destacó García.
Asimismo, el colectivo manifiesta que, al no permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el manejo del recurso hídrico, se genera una competencia entre el uso del agua para consumo humano doméstico, usos comerciales y de generación de ganancias.
En ese sentido, el abogado y ambientalista, Luis González, explica que “si bien en la ley no hay elementos de participación ciudadana, más allá de la denuncia o de la oposición de una organización, se debería, a través de reglamento, establecer algún tipo de forma en que la gente pueda aportar en la gestión de cuencas”.
Por su parte, las organizaciones que conforman la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua dieron a conocer sus exigencias, a fin de garantizar el derecho humano al agua.
Los defensores del recurso hídrico demandan “garantizar la participación ciudadana en la gestión de las cuencas, bajo un enfoque de género que permita darles seguimiento a los impactos diferenciados entre hombres y mujeres en el acceso al derecho humano al agua”.
Asimismo, exigen “el cese de las autorizaciones de permisos de construcción y proyectos con impactos ambientales en zonas de recarga acuífera”.
De igual manera, piden que “se realicen estudios de impacto ambiental para la implementación de proyectos que tengan impacto ambiental y para brindar autorizaciones de uso de agua, con su debida consulta pública”.
Otra petición de las organizaciones es “que las juntas comunitarias de agua, no paguen canon por uso del agua”. Pues consideran que no tienen un fin de lucro en su funcionamiento, sino satisfacer un derecho que no es garantizado por el Estado.
