Por: Alessia Genoves
“El agua no podra ser privatizada bajo ninguna condición”, reitera el grupo parlamentario de Nuevas Ideas, tras la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, que recibió el apoyo de 65 diputados, pero fue rechazado por 4 asambleistas del partido Frente Farabundo Martì para la Liberaciòn Nacional (FMLN), más la abstención de otros 10, al juzgtar que la iniciativa es “privatizadora” y que no responde a sus propuestas ni a los Punros No Negociables, sugeridos por organizaciones sociales.
La propuesta que fue presentada el pasado 29 de julio, concluyó en su discusión el día 12 del siguiente mes, con diversos sectores de la sociedad civil. Fue aprobada en las ultimas horas, y tendrá vigencia en los próximos 6 meses, después de su publicación en el Diario Oficial. Marca un precedente en la historia del país, ya que no existía una ley secundaria específica que regulara el uso del agua.
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Por otra parte, organizaciones sociales y gobierno precedentes ya habían propuesto iniciativas sobre una Ley General del Agua, en los años 2006-2021. Sin embargo, “existió una mora legislativa por parte de legislaturas pasadas, ya que la discusiòn de la aprobación de los artículos de ley quedaron inconclusas”, explicó el diputado Christian Guevara, del partido oficial.
Además, detalló que el mecanismo de estudio de legislaciones pasadas demostró “inoperatividad”, y que “dichos expedientes no encaminaron a resultados legislativos que respondieran a las necesidades del pueblo”. Por ello, el partido oficial priorizò la propouesta de la ley recién aprobada, enviò a archivo las propuestas anteriores.
“Hemos saldado una deuda histórica en éste país”, sentenció el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, tras la aprobaciòn de la ley, durante la sesión plenaria n.º 35.
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Puntos No Negociables
Los Puntos No Negociables son garantías jurídicas que sostienen “el reconocimiento del agua como un bien público”; así como “el derecho humano al agua y el saneamiento”. También en la “gestión pública del agua con participación efectiva de la población”; y “la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas”, condiciones también requieren de un “régimen económico y financiero justo y equitativo”, según lo definen organizaciones como la Alianza Nacional contra la Privatizaciòn del Agua.
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Según lo establece la ley, se reconoce que “el agua no podrá ser privatizada, bajo ninguna condición” (art.1); y el uso prioritario (art. 63) del agua para le “consumo humano y doméstico” (lit. A) por sobre el “industrial y comercial” (lit. E).
En suma, “es una visión de una gestión integral, sí reconoce el derecho humano al agua; y me alegro que eso se incorporó, aunque sea a última hora, pero se incorporó; el enfoque de cuenca hidrográfica, y la declaracòn de bien pública del agua”, opinó el diputado por el partido Nuestro Tiempo, Jhonny Whrite.
No obstante, para diputados del partido FMLN, la nueva ley es “un instrumento que normaliza el robo y el saqueo”, y que legaliza “la injusticia hídrica”, ya que, según ellos, extiende los periodos de explotación de agua a 15 años, prorrogables a empresas privadas (art. 6).
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“Las Juntas de Agua en éste país estarán obligadas a pagar un interés por el uso del agua. Èste interés, éste canon, como ustedes les llaman, va a convertirse en una carga a éstas juntas, comités de agua, que con lo que pueden, logran administrar y suministrar de agua, de forma colectiva aquellas comunidades que no la tienen”, juzgó el titular del partido FMLN, Jaime Guevara; con cuyas declaraciones manifestó su desaprobación a la propuesta.
En El Salvador, son más de 2,500 Juntas de Agua sin fines de lucro que abastecen a 1,5 millones de salvadoreños. Para los parlamentarios del partido de izquierda, éstas organizaciones tendrían que pagar intereses por el uso que le dan al agua, que generalmente extraen y venden a comunidades que no cuentan con el sistema de distribución de agua.
“Imponer este canon a las Juntas de Agua puede ser una estrategia para saltar de lo comunitario a lo privado, es decir, el Estado establece un canon de cobro a las Juntas de Agua (las cuales tienen dificultades económicas y que operan con una lógica no lucrativa, sino comunitaria) para hacerlas caer en un déficit funcional y dificultades de flujo económico. Al ocurrir esta dificultad para operar, el servicio comunitario puede ser privatizado mediante cualquier mecanismos utilizado por alguna sociedad o empresa mercantilista”, expresó en su momento, el representente del Foro del Agua de El Salvador, Alejandro Henriquez.
Pese a ello, la nueva propuesta niega la participación de la empresa privada en la toma de decisiones (art. 18). Además, establece un plazo de concesión de apenas cinco años, para las organizaciones sin fines de lucro, mientras que los otorgados a empresas privadas llegan a ser de hasta quince años, prorrogables (art. 6), por lo que la nueva propuesta reproduce la“desigualdad económica”, según así lo juzgó, en su momento, la representante del Centro de Estudios Aplicados en Ecología y en Sostenibilidad Ambiental (Ecos), Danila González.
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Para la diputada Dina Argueta, la nueva normativa “legaliza al injusticia hidrica de éste país; favorece la explotación de los bienen hídricos en función de los grandes conglomerados y de esas empresas que han venido utilizando y acaparando nuestros bienes naturales en El Salvador, sin que existan regulaciones”.
Los diputados de la oposición reiteran que muchas de sus propuestas no fueron tomadas en cuenta, ni las propuestas de organizaciones socales ambientalistas, y del sector académico. El dipoutado Guevara contradijo la valoración, y detalló que 21 de las propuestas de la academia, y de organizaciones sociales fueron incorporadas en la actual legislación, además de otras 12 propuestas del partido de izquierda.
“Se aprobaron 21 propuestas de la UCA y del Foro del Agua; y que están reflejadas acà. Nos dijeron que ibamos a hacer una pantomima, y acá recibimos a universidades. Se ha convocado a toda la academia de éste país (…). Propuestas de izquierda, se tomaron 12 a la ley”, indicó.
