El director del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, Benjamín Cuéllar, cuestionó en una entrevista para ContraPunto el nuevo documento sobre la Ley de Reconciliación Nacional, que está siendo discutido por la subcomisión de Asamblea Legislativa, pues considera que este sigue siendo una “amnistía disfrazada”.
“Sigue siendo una amnistía disfrazada, algo mañoso que intenta proteger a los dos bandos, que firmaron el acuerdo de impunidad, como siempre lo digo, debajo de la mesa y sin las Naciones Unidas. De Ginebra a Chapultepec firmaron seis acuerdos para terminar la guerra, su guerra, no terminó la guerra social que estamos viviendo ahora”, expresó Cuéllar a ContraPunto.
De acuerdo con el experto en derechos humanos, dicho documento establece que los imputados “no van a la cárcel”, debido a que las sanciones que establecen no son de carácter penales, puesto que han sido sustituidas por servicio de utilidad pública
“Ninguno de los imputados va a la cárcel, no van a la cárcel porque las sanciones no son pernales, son sanciones de servicio de utilidad pública, por favor alguien que de un lado o de otro, llámese Mayo Sabrían o Domingo Monterrosa, responsables de la muerte de más de mil personas, que va hacer, ni siquiera creo que limpiar baños públicos, ir a una guardería a cuidar niños, no tiene sentido”, aseveró Cuéllar.
En el apartado referentes a las penas, el texto trabajado por la Comisión Ad-Hoc, establece que: “La pena de prisión impuesta bajo los procesos penales tramitados a partir de la vigencia de la presente ley, así como las penas impuestas en procesos penales tramitados antes de dicha vigencia, independientemente de la medida de la misma, será suspendida de oficio su ejecución por el juez de la causa, dicha pena se sustituirá por la pena de prestación de trabajo de utilidad pública en jornadas de trabajo fijadas en la respectiva resolución, cuyo límite mínimo será de tres años y el límite máximo será de diez años, de acuerdo a la gravedad del hecho cometido”.
Para Cuéllar, dicho apartado contradice lo establecido por las Naciones Unidas en materia de combate a la impunidad, ya que las penas impuestas no son adecuadas para la gravedad de los delitos juzgados.
“Los principios actualizados para la promoción y la protección de los derechos humanos, mediante el combate a la impunidad de las Naciones Unidas, definen la impunidad entre otras cosas cuando las sanciones no se adecuan, no son proporcionales al delito que se cometió”, apuntó Cuéllar.
A nivel internacional, por ejemplo, también hay preocupación por la dirección que tomarán los diputados con esta ley, a pesar que se han comprometido a abrirlo a discusión.
"La verdadera reconciliación implica justicia", escribió James McGovern, legislador estadounidense que tiene una historia de cercanía con El Salvador, en su cuenta personal de Twitter. Además, este funcionario señaló que considera un avance positivo que se busque justicia y responsabilizar a los culpables de abusos durante la guerra.
"Espero que el Gobierno de El Salvador, incluyendo (al presidente) Salvador Sánchez Cerén y la Asamblea nacional . (la Legislativa), rechacen cualquier medida que pudiese facilitar una amnistía en estos casos, Sería una farsa de justicia y un retroceso para El Salvador", agregó McGovern.
Los parlamentarios comenzarán las discusiones del documento este próximo jueves, en medio de fuertes señalamientos por parte de la opinión pública, debido al “trámite express” que se la ha dado al proceso dentro del Parlamento.
De acuerdo con el diputado del FMLN y miembro de la subcomisión, Damián Alegría, aseguró que no resta mucho tiempo de discusión, y que incluso podría ser aprobado mañana. “Eso podría ser mañana, porque el material que se tenía es el resumen del trabajo de la comisión ad hoc. Pero sobre todo, porque la sentencia de la Sala establece bastantes elementos para darle forma a un anteproyecto de ley”, agregó.
Ante la posición de los legisladores, Cuéllar mencionó por último que la aprobación de esta normativa en este corto periodo de tiempo, serviría para sacar de la “clandestinidad” el “pacto de impunidad” entre el FMLN y ARENA.
“Sería sacar de la clandestinidad el pacto que hizo ARENA con el Frente de impunidad y que lo plasmaron en la amnistía de 1993, sacarlo a la luz, ya descaradamente, sería eso, porque es el acuerdo entre esas dos fuerzas que hicieron aquella guerra. Todos están en lo mismo, aquí hay sepulcros blanqueados”, concluyó Cuéllar.
