El voto de castigo tiene como objetivo imponer una sanción moral a los partidos y/o a personajes políticos que han defraudado la confianza de sus electores. Se castiga anulando el voto, dejando en blanco la papeleta, no asistiendo a las elecciones y/o votando por los adversarios políticos de quienes han incumplido sus promesas. El mensaje tiende a ser el siguiente: ustedes nos traicionaron, ahora nosotros nos desquitamos.
El voto de castigo se aplica a los partidos de diferentes tendencias: izquierdas y derechas, liberales y conservadores, demócratas y republicanos. Sin embargo, este castigo tiende a ser especialmente duro cuando va dirigido a escarmentar a los partidos y liderazgos de base popular que se muestran incapaces y/o desinteresados en promover las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales históricamente negadas a la mayoría de la sociedad.
Las experiencias de voto de castigo no siempre son exitosas. Muchas veces las consecuencias de este castigo tienden a revertirse a manera de bumerang en contra de los sectores que de manera consciente o inconsciente han decidido aplicarlo en una determinada coyuntura.
En Brasil, por ejemplo, las bases populares del Partido de los Trabajadores le quitaron su apoyo a la presidenta Dilma Rousseff en rechazo por el alejamiento de la cúpula del PT a sus principios fundacionales y por su acomodo al sistema económico y político que prometieron transformar. Un fenómeno parecido ocurrió en Argentina con la derrota electoral del Cristina Kirchner y la elección de Mauricio Macri que ha emprendido uno de los más agresivos programas de privatización y de flexibilización laboral del continente. También en Chile se castigó a la Concertación Democrática eligiendo presidente nuevamente al multimillonario Sebastián Piñera, el más neoliberal de los neoliberales chilenos. Por su parte, en Estados Unidos, la clase trabajadora decidió castigar con su voto a demócratas y republicanos y optó por la bizarra figura de Donald Trump, quien comenzó su gestión disminuyendo los beneficios de la seguridad social a la clase trabajadora y rebajándole los impuestos a las corporaciones.
Pese a las innegables diferencias existentes en cada uno de estos casos, lo que importa señalar es el retroceso observado en las políticas de bienestar social y el avance de las políticas neoliberales que han tenido lugar en estos países después del triunfo del voto de castigo, con las subsecuentes secuelas de desigualdad, pobreza y exclusión. Dicho en palabras sencillas: el voto de castigo popular terminó en estos casos transformándose en una pesada carga para los sectores populares.
¿Se merece la dirigencia y cuadros políticos del FMLN un voto de castigo de parte de sus bases de votantes en las elecciones del próximo 4 de marzo?. Por supuesto que se lo merece. Un análisis crítico e independiente no puede menos que concluir que la incongruencia entre lo que se promete y lo que realmente se hace es la impronta de la gestión del FMLN tanto el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa desde 2009 a la fecha.
¿Cómo no se quisiera castigar a un partido de izquierda que ha adoptado la agenda de la austeridad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) afectado con ello a las familias de los sectores populares y particularmente a las mujeres? ¿Cómo no entender el voto de castigo de las familias de la clase trabajadora urbana que han disminuido su capacidad adquisitiva con la eliminación de subsidios y/o con el desabastecimiento de medicinas y equipo en el sistema público de salud? ¿Cómo pretender que los sindicatos le confíen una nueva gestión legislativa al FMLN si ni siquiera les tomaron en cuenta en la discusión de una reforma de pensiones que ha fortalecido a las AFP y que aumentó la tasa de cotización mensual al mismo tiempo que ha reducido el monto mensual que va a las cuentas individuales? ¿Cuántos votos de castigo provendrán con justa razón de entre la juventud de las comunidades que son hostigados cotidianamente por el ejército y la PNC bajo el amparo de medidas extraordinarias que normalizan la violación a derechos humanos?
Por supuesto que se merecen un castigo por estas y otras muchas razones. Pero el problema no es ese; el problema es otro: ¿Se merece el pueblo salvadoreño cumplir la penitencia que acarrea este voto de castigo contra el FMLN? ¿Se merece el pueblo cargar con el suplicio de una Asamblea Legislativa con mayoría del partido ARENA sin ningún freno para profundizar el neoliberalismo y el despojo de la sociedad de sus bienes públicos y bienes comunes? ¿Se merece San Salvador la vergüenza de tener como alcalde a un personaje incompetente e inmoral para quien el fin justifica cualquier medio (incluyendo la negociación con criminales) y perder la oportunidad de tener a una alcaldesa con la capacidad y la ética de Jacqueline Rivera?
En lo personal, creo que en la coyuntura actual el voto de castigo contra el FMLN impondrá al pueblo salvadoreño una penitencia que supera con creces las faltas cometidas por este partido en los últimos años. Probablemente me equivoque, pero parafraseando a Frei Betto, prefiero equivocarme buscando el bien de las mayorías populares y no tener razón favoreciendo a sus opresores.
