Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han confirmado que estudian una demanda presentada en la que se exige se declare inconstitucional el nombramiento de los magistrados propietarios y suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por presuntas vinculaciones a partidos políticos.
“Estamos hablando de los propietarios y suplentes pero estamos deliberando en la Sala si admitir la demanda contra todos o solo de aquellos que según la demanda se evidencia una clara vinculación política partidaria. Ni siquiera se ha admitido la demanda”, dijo Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo Constitucional CSJ.
La Asamblea Legislativa eligió a los actuales titulares del TSE el 31 de julio de 2014 y permanecerán en el cargo hasta el 31 de julio de 2019. Diputados de las distintas fracciones legislativas de ese año, aseguraron haber hecho una buena elección pues los magistrados electos cumplían con los requisitos de ley que establece el Código Electoral.
La demanda de inconstitucionalidad, según explica el magistrado de dicha Sala, Florentín Meléndez, han sido interpuestas debido al “mal procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos sobre su afiliación política partidaria”, afirma Meléndez.
“En mi caso personal pueden investigar, no tengo ninguna afiliación partidaria. Toda mi trayectoria siempre ha sido profesional. Me he desempeñado en varios cargos”, dijo a medios locales Ana Guadalupe Medina, magistrada TSE
“Yo vengo propuesto de la CSJ quien sometió a concurso esas plazas. Yo presenté diez constancias y una declaración jurada que no pertenecía a ningún partido político. La Corte hizo el proceso, me seleccionó y me llevó a la Asamblea Legislativa”, expresó Miguel Ángel Cardoza, magistrado TSE propuesto por la CSJ.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional también confirmaron que trabajan en sentencias “muy delicadas en materia electoral” y que esperan anunciarlas entre diciembre de este año y enero 2017, referente a la posibilidad de que los salvadoreños en el exterior puedan votar tanto en elecciones de alcaldes y diputados en 2018, como la presidenciales en 2019.
Estudian otras demandas
En otros temas, los magistrados confirmaron que también estudian otras demandas interpuestas como la interpuesta en contra de la colocación de títulos valores por $550 millones que el gobierno necesita realizar para enfrentar la falta de liquidez en las finanzas públicas.
Asimismo confirmaron que la Sección de Probidad de la CSJ continúa investigando las declaraciones patrimoniales de Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz cuando ejercieron como diputado y vicepresidente el primero, y alcalde el segundo, por posible enriquecimiento ilícito.
“La Sección de Probidad está preparando estas investigaciones para entregarla como tenemos la obligación de hacerlo, lamentablemente no tenemos capacidad instalada en este momento en la sección de probidad para dar respuesta rápida porque son centenares de solicitudes las presentadas de este tipo de casos y no hemos aumentado el personal”, dijo Florentín Meléndez.
Estas son parte de las más de 50 demandas que la Sala de lo Constitucional estudia, en su mayoría, sobre casos de corrupción en exfuncionarios y funcionarios vigentes.
