El Instituto de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y Cristosal interpusieron dos demandas en el tribunal contencioso administrativo en contra de la Corte Suprema de Justicia, por nombrar a la jueza de Instrucción de San Fraciscico Gotera Mirtala Portillo de Cruz, y del magistrado de la Cámara de lo Penal de Tercera Sección de Oriente con sede en San Miguel, Fausto Paiz Romero, para conocer el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños.
Ambos fueron puestos en los cargos, tras la entrada en vigencia del decreto legislativo 144 que cesó a los jueces mayores de 60 años y de 30 años en la judicatura.
Los abogados acusadores particulares de las organizaciones Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, David Morales y Alejandro Díaz, explicaron que la Corte en pleno nombró a los jueces sin seguir el proceso que ordena la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la misma Ley de la Carrera Judicial y el artículo 186, inciso cinco de la Constitución de la República.
“Los nombramientos que realizó la Corte son ilegales porque se omitieron fases escenciales para el nombramiento de este tipo de funcionarios, la ley es muy clara, tanto la Ley de la Carrera Judicial, como la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura; el nombramiento de funcionarios judiciales requiere de un proceso de selección con una serie de garantías de objetividad, en ese proceso que incluye la publicidad de todos los actos, el Consejo debe realizar entrevistas, evaluaciones, dar oportunidad de igualdad de condiciones a quienes participan para generar una terna, la Corte tiene únicamente facultades de nombramiento, pero a partir de las ternas que le ha enviado el consejo”, explicó hoy el abogado, David Morales.
Agregó que “se omitieron fases esenciales para el nombramiento de este tipo de funcionarios. La ley es muy clara. La ley de la carrera judicial como la Ley del CNJ. El nombramiento de funcionarios judiciales requiere de un proceso de selección con una serie de garantías de objetividad en ese proceso que incluye la publicación de todos los actos”, agregó Morales.
El juez Jorge Guzmán fue cesado el pasado 26 de septiembre, al momento que finalizaba la etapa de Instrucción en el conocido caso de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, proceso penal que estaba a punto de elevarse a su etapa plenaria, según informaron.
Con estas demandas solicitan a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ que declare ilegales estos nombramientos y dicte medidas cautelares para restituir al juez Guzmán como juez propietario de Instrucción de San Francisco Gotera y al magistrado Carlos Solorzano Trejo como magistrado propietario de la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección del Centro.
Estas demandas fueron suscritas por David Morales y Ovidio Gonzáles, director de Tutela Legal, en su calidad de acusadores particulares en el proceso judicial 238/90, referido al caso de la masacre de El Mozote.
