La reconocida organización de derechos humanos Cristosal anunció la suspensión de sus operaciones en El Salvador, tras 25 años de trabajo en el país. La decisión responde a lo que califican como una “escalada represiva” por parte del gobierno salvadoreño, que incluye la criminalización de defensores, la aplicación de la controvertida Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) y un creciente debilitamiento institucional.
En un comunicado oficial, Cristosal aseguró que “bajo el régimen de los hermanos Bukele” se han desmantelado los pilares democráticos, con un estado de excepción permanente y un control absoluto de las instituciones. “Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel”, advierten.
Uno de los casos más emblemáticos mencionados es la detención de la abogada y defensora Ruth López, considerada como una medida ejemplarizante para intimidar a quienes denuncian corrupción. Cristosal también reporta acoso legal y vigilancia constante a su equipo y sus instalaciones, en un clima de creciente hostilidad hacia las organizaciones independientes.
La organización asegura que esta es la primera vez que se ven obligados a suspender operaciones en El Salvador, debido a la falta de garantías para su labor y la aplicación arbitraria de la LAEX, utilizada —según afirman— como herramienta de censura y castigo.
Pese a esta suspensión, Cristosal aclara que no renuncia a su compromiso con El Salvador ni a su personería jurídica. “Nos estamos reorganizando para seguir aportando desde nuestras sedes en Guatemala y Honduras”, expresan.
El comunicado concluye con un mensaje de firmeza: “Cristosal no se detiene. Sigue. Más libre. Más firme. Más necesaria que nunca”.
