Según el Observatorio de la OIT: La COVID‑19 y el mundo del trabajo (Sexta edición), presentado recientemente, el 94% de los trabajadores en el mundo, reside en países en donde se adoptaron medidas de cierre de la economía, un porcentaje que fue creciente desde enero hasta el 25 de junio en que se registró el 97% de trabajadores bajo cuarentena, siendo este el mayor porcentaje registrado hasta ahora. Pasando luego a una tendencia a la baja que duró hasta mediados de julio, en que se inicia una leve alza y el 26 de agosto registró que, uno de cada 3 trabajadores en el mundo, residen en países donde se aplican medidas locales o regionales de cierre de actividades económicas.
Las economías de Latinoamérica, se verán afectadas negativamente por la caída promedio de sus PIB en -9.4%, en El Salvador, esta caída puede estimarse entre -6 y -7.5%; en cuanto al trabajo, se han perdido el 20.9% de las horas laborales y sufrido una reducción del 19.3% de los ingresos laborales, eso, es un impacto directo sobre los trabajadores y el bienestar de sus familias; cerca de 34 millones de trabajadores de la región, han perdido, aunque sea de forma temporal, su empleo. Estas personas cesadas o suspendidas de sus trabajos (formales e informales) han dependido, en la crisis, de programas de apoyo público o de las redes familiares de apoyo, que incluye las remesas familiares.
En El Salvador, los datos del ISSS con base a planillas de julio, señalan 69 mil puestos menos en el sector privado, habrá que ver al cierre de 2020 cuántos de estos fueron perdidas de forma temporal. Esta situación se agrava, dado que nuestra Población Ocupada en el mercado laboral es predominante informal con cerca del 70 por ciento; este grupo amplio de trabajadores informales, cuentapropistas, en su gran mayoría sin seguridad social, se verán más afectados en la caída de sus ingresos y por un mayor riesgo de incrementar los niveles de pobreza y de exclusión.
Valga tener en cuenta, que, en la crisis, se han generado situaciones de trabajadores con contrato, pero en inactividad laboral, muchos sin remuneración. Un tema a retomar será el reto de activar laboralmente a cientos de miles de trabajadores especialmente mujeres y jóvenes. Teniendo en cuenta que como señala el informe de OIT “Crisis anteriores han puesto de manifiesto que la «activación» de la situación de personas que se encontraban previamente inactivas es más difícil que volver a emplear a personas que han perdido su trabajo, de ahí que la existencia de índices elevados de inactividad pueda dificultar aún más la recuperación del empleo.”
La crisis del COVID 19, genera mayor impacto en la región por las condiciones preexistentes (Latinoamérica, era considerada la región más desigual del mundo, El Salvador confirma esta condición), debido a:
- desigual distribución de la riqueza y modelos de desarrollo centrados en elites y no en las personas
- alta informalidad de la economía y del mercado laboral; y, débiles instituciones del mercado de trabajo (limitada inspectoría de trabajo, baja o nula sindicalización y contratación colectiva privada, ausencia de dialogo social, entre otros)
- débil protección social: elitista, fraccionada, deficiente, con baja cobertura y bajos beneficios
- debilidad fiscal: sistemas fiscales regresivos, alta evasión y elusión; alto endeudamiento; y, corrupción
La pandemia ha contagiado el empleo en el mundo, los países con ingresos medios bajos, como el nuestro, han sido los más afectados, la respuesta fiscal expansiva que se ha impulsado en el mundo, globalmente significa el 11% del PIB de 2019, son cerca de 9.6 billones de dólares, (habrá que ver los datos de El Salvador al cierre de 2020, para conocer el costo fiscal de las medidas).
En general las medidas impulsadas incluyen:
- reforzar los sistemas de salud (recuperación, habilitación y construcción de infraestructura; recursos humanos; abastecimiento clínico y medicinas)
- apoyo al empleo (protección frente al despido y seguros en donde existen)
- ayudas a las MIPYMES (subsidios para sostener empleos, asistencia técnica, facilidades fiscales y créditos)
- apoyo a los ingresos de las familias (transferencias y diferimientos de obligaciones)
Los trabajadores que se vieron afectados por las medidas de cierre de las actividades económicas, poco a poco han salido y buscan trabajo, algunos regresaron a sus puestos de trabajo en negocios que se lograron mantener, otros (la gran mayoría) lo hará a las actividades laborales en la economía informal. Los que definitivamente, sus empleadores no reactivaron sus negocios, se ven enfrentados a buscar nuevas oportunidades de empleo, y, lo más seguro, es que no encontrarán; y, la informalidad será su opción inmediata.
Los mayormente afectados por la crisis de la COVID 19, han sido mujeres, jóvenes y adultos mayores de 60 años; si, además, estos trabajadores estaban en la economía informal el impacto es mayor. La reapertura de la economía, nos regresará a la realidad de un país desigual, con mayor informalidad económica y laboral, y, acentuará las brechas de inequidad del mercado laboral y la exclusión social, sobre todo de aquellos colectivos de jóvenes y mujeres con más baja calificación de competencias laborales. Se plantea acá el reto de la inclusión preferente.
Cómo evitar que esta situación de crisis de salud, existencial al principio, económico-social hoy, se transforme en un nuevo foco de conflicto social y político. Cómo evitar que se incremente el trabajo infantil, cómo ayudamos a más mujeres a insertarse laboralmente, cómo cerramos las brechas e inequidades, cómo generamos y distribuimos riqueza, cómo integramos este país. Cómo desactivar esta bomba de tiempo.
La reapertura y reactivación de las economías, pone en el centro, la Seguridad y Salud en el Trabajo y en las relaciones sociales, para que se tengan protocolos de acciones seguras para la vida de las personas. Una relajación en la aplicación de las medidas de prevención, el distanciamiento, el uso de mascarillas; y, en la higiene personal, familiar y social, podría provocar una nueva ola de contagios y, en consecuencia, agravar su incidencia en el mercado de trabajo; el caso de la Comunidad de Madrid, en España, debería ser un espejo a tener en cuenta.
Se requiere de un gran pacto por el empleo y la vida en El Salvador, la solución debe tener en el centro revertir la situación preexistente, mediante: la generación de empleo decente y una estrategia de transformación productiva, desde una perspectiva centrada en la gente, que tenga como eje el desarrollo de las MIPYME, institucionalice las medidas de ayuda a la población en la crisis y expanda la protección social, que cambie el modelo económico excluyente y especulador. Es clave, una mayor participación de políticas públicas para impulsar la reactivación y el crecimiento de la economía, atraer inversiones, reestructurar la deuda y atraer ayuda solidaria para el desarrollo, impulsar mayores niveles de formalización laboral, apoyar la empleabilidad y el emprendedurismo con más protección social e innovación, elevar el nivel de competencias de los trabajadores y facilitar su adaptación a los cambios productivos del entorno técnico científico; se impone, concertar un modelo de desarrollo: humano y sostenible, con un enfoque verde.
La pandemia se resolverá con la vacuna y otras acciones de sanidad pública, pero, la amenaza del cambio climático, sigue vigente. Hay que prepararnos como nación y creer en que: un nuevo país es posible con trabajo decente y justicia social, para la prosperidad y bienestar de todos.
