La corrupción es un fenómeno muy extendido, que impide a nuestro país el progreso, pues los recursos que debiesen orientarse a ello, se reparten entre algunos bolsillos, sin apenas cumplir con tal propósito – salud, educación, seguridad e infraestructura – , un caso que con crudeza lo demuestra es para el que las últimas dos gestiones de derecha (administraciones Flores, 1999/2004, y Saca, 2004/2009) adquirieron por separado sendos prestamos del FMI para reconstruir el Hospital de Maternidad, sin que se montara apenas un ladrillo en la refundación, y si “extraviándose los dineros de ambos créditos” [FGR, 2011/ MOP], así como las pruebas que por separado expusiera el economista Salvador Arias, ya fallecido, que en su día recopilara un vasto sumario de documentos que demostraron el derroche y el desvió de recursos estatales a privados, por hasta $37,000,000,000.00 sin que a la fecha ni un solo peso haya sido recuperado por la FGR para el estado salvadoreño.
Otro tanto es la evasión al IVA, que anualmente le significa una pérdida al estado salvadoreño en el orden de los $750, 000,000.00, de acuerdo al MINEH, a lo que además debemos sumar la elusión por otro tanto igual, es decir, $1,500,000,000.00 en total, que tienen como característica común, que son promovidas por el gran capital salvadoreño, que se vale de trucos financieros que la propia ley fiscal admite para estos, y sobre los cuales no existe virtualmente ninguna persecución, por lo que la derrama de recursos es cuantiosa para nuestro país.
Tampoco de estos se recupera apenas nada de acuerdo a la misma FGR.
Entonces la corrupción es un tema de poder: de poder ejecutándola al amparo del propio estado, quien así se constituye arropándola, dado que la institucionalidad no opera en su persecución, más allá del formalismo de aparentar perseguirla, sin ninguna recuperación efectiva, y menos aún, procesando a los responsables o castigos para los mismos.
En consecuencia, el degenerado círculo vicioso derivado reproduce más corrupción, extendiéndose como virus, pues más personas la practican bajo el presupuesto que no habrá consecuencias, sumándose así a la aberrante práctica, compitiendo solo por ver quién es “más pícaro” evadiendo al fisco y, consecuentemente, a la justicia.
Para citar un ejemplo más próximo, recientemente se hizo público un informe redactado por varias ONG´s {09/12/2019} sobre éste particular, y que entre otros señala que la población la ha naturalizado en hasta un 48%, valiéndose de ella para lograr sus fines o como medio para, a través de otros, alcanzarlos.
Como dato curioso vale señalar, que uno de los responsables del informe, el señor Roberto Rubio, admitió haber recibido “salario” de parte de Arena durante la anterior administración, manteniendo por ello un discurso contestatario en contra de los gobiernos de izquierda, lo que hasta ahora no tuvo ningún efecto jurídico, fomentando así su práctica.
Todo se resume entonces al desinterés por enfrentarlo, pues beneficia a las élites y conexos, por lo que ningún informe será útil si no hay de parte de la institucionalidad el debido compromiso para erradicarla.
