Una tercera votación masiva favorable al Presidente Bukele y su proyecto, tendrá un peso político de enorme significado y trascendencia en el devenir del Estado y la sociedad salvadoreña.
En consecuencia, lo más perentorio para el país, en esta coyuntura, es reflexionar sobre el acontecer del sistema político salvadoreño, particularmente bajo el supuesto de que persistirá (como lo indican prácticamente todas las encuestas) la “rebelión electoral” que tumbó al régimen político de posguerra y sus alianzas; tal como se evidenció en las elecciones presidenciales del 2019 y que le dio al Presidente Bukele una amplia mayoría legislativa en el 2021.
Desde esa perspectiva, al protagonista de esa “rebelión”, la ciudadanía salvadoreña, se le ha convidado nuevamente a las urnas, el 4 de febrero 2024, para legitimar la consolidación de ese proyecto político o para rechazarlo. Por tanto, dicho de otra manera, esta coyuntura no puede caracterizarse como un simple acto de reelección se trata de una consulta popular sobre la continuidad de ese proyecto; por lo que puede considerarse como una especie de plebiscito de validación a la gestión Presidencial y de la Asamblea Legislativa y, desde la perspectiva de la oposición, debería verse como una especie de “revocatoria de mandato” (derecho político, por medio del cual la ciudadanía puede dar por terminada la gestión de un funcionario público, en un proceso de consulta popular).
Para valorar esta coyuntura sociopolítica salvadoreña es necesario reflexionar y profundizar sobre procesos claves, que pueden abordarse desde categorías duales, aunque muy cercanas o casi sinónimos en un discurso cotidiano, significativamente diferentes en el análisis sociológico. Estos son: a) Conflicto social y rebelión social; a y, c) Pacto social y Estado de derecho.
- CONFLICTO O REBELIÓN SOCIAL
La laureada profesora del Instituto Universitario Europeo de Florencia y de la Universidad de Columbia en Nueva York, Nadia Urbinati, en su libro denominado “Pocos contra Muchos”, destaca que las manifestaciones populares de descontento, propias del Siglo XXI, aunque por razones y con intenciones diferentes, (todas son) formas de rebelión contra la función de liderazgo tradicional que “unos pocos” han exigido y han logrado conquistar y mantener con el consentimiento general durante algunas décadas.
Aun cuando Urbinati hace referencia a movilizaciones callejeras, si se aborda el caso de El Salvador, también esta categoría de rebelión puede aplicarse a opciones electorales, cuyo resultado trae consigo el desplazamiento radical de la clase política y una quiebra de la institucionalidad establecida.
Según esta autora, estas “rebeliones” se diferencian de lo que tradicionalmente se reconoce como “conflicto social” en tanto este último está orientado a la consecución de un resultado y provoca rupturas que pueden recomponerse en el marco de procesos electorales, readecuación de contratos laborales o con reformas a determinadas leyes; es decir, en palabras de Nadia Urbinati, se desarrollan con la intención de mantener abierta la posibilidad de un acuerdo para reequilibrar las relaciones de poder; por el contrario, en lo que ella identifica como “rebelión” de los “muchos contra los pocos”, no se expresa una voluntad de negociar con los “pocos” que tradicionalmente han mantenido el liderazgo del Estado; por cuanto son movimientos espontáneos en los que priva el descontento, la indignación, la decepción o frustración y el enfado, más allá de una estrategia de lucha o propuesta de negociación o incluso propuestas programáticas. Esta referencia a los “pocos”, en la jerga política salvadoreña del momento, se expresa en frases como “el 3% o los mismos de siempre”.
Sin lugar a dudas, los liderazgos o la ausencia de éstos juegan un papel central en las formas de lucha que asume ese descontento o indignación social. La capacidad de Nayib Bukele para identificar ese estado de ánimo en la población salvadoreña, al cabo de 30 años de los regímenes de posguerra civil, ha sido lo que le permitió asumir el liderazgo de esa decepción, frustración y descontento acumulado durante dicho período, convertirlo en movimiento político y orientarlo a una estrategia electoral. Esto no es poca cosa, porque por lo general, las rebeliones populares desarrolladas en otras partes del mundo, como resultado de ese tipo de estado de ánimo, según la autora ya citada, carecen de estrategia de lucha y de liderazgo, al menos del tipo tradicional.
Reiteramos entonces, retomando las categorías ya enunciadas en este artículo, “El conflicto, en la sociedad democrática de masas estructurada por los partidos y los sindicatos, es como una estrategia de guerra que señala al adversario la fuerza potencial de la ofensa o la resistencia, con la intención (aquí el quid del asunto) con la intenciónde mantener abiertas las posibilidades de acuerdo para reequilibrar las relaciones de poder entre dos partes…” Este no es el caso del proceso político salvadoreño. Desde su llegada al ejecutivo Bukele ha evidenciado, reiteramos, que no tiene intención de un acuerdo con los políticos que gobernaron en la posguerra. Es esta la explicación principal de la enconada campaña de la vieja clase política y sus aparatos ideológicos conformados en los 30 años de posguerra ¿Qué puede enojar más a un adversario que no encontrar salida o que lo dejen fuera del juego?
La espontaneidad con que el apoyo popular le permitió a Bukele estructurar su propuesta electoral -a pesar de ser en 2019 un candidato en busca de partido político- y alcanzar el ejecutivo; así como -posteriormente- inscribir un partido que en 2022 logró mayoría en el legislativo. Que esto haya sido logrado en dos elecciones sucesivas supone, por parte de los ciudadanos salvadoreños, algo innegable: un profundo descontento con el establishment, particularmente con los políticos que estaban en el poder y sus partidos. En consecuencia, esto se traduce en un mandato popular (así lo ha expresado el propio Bukele) que le impide negociar con aquellos. Por consiguiente, profundizando en el planteamiento de Urbinati, este comportamiento deja de ser un “conflicto”, en los términos indicados para pasar a ser una “rebelión”, y toda rebelión implica “descontento”, “indignación”, “frustración”, “enfado”; pero también un desafío al establishment y, como extensión, a la institucionalidad establecida y si se ahonda un poco más, al propio Estado de Derecho.
Nota 1:
Cabe hacer una acotación histórica, las rebeliones en El Salvador y las respuestas políticas y represiva, como es tristemente conocido, no son nuevas, por el contrario, desde aquella famosa frase, en el acta de independencia, que señala que “el Sr. Jefe Político la mande a publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” (Numeral 1 del Acta de Independencia); a partir de entonces, el temor a la voluntad popular persiste en la clase política y las élites en el poder. En otro momento histórico, la rebelión indígena campesina de 1932 fue reprimida inmisericordemente y se instaura la dictadura de Hernández Martínez. La Huelga General de “brazos caídos” (1944), si bien logró el objetivo de expulsar al Dictador, fue cooptada rápidamente por un movimiento conservador, que instauró un régimen oligárquico militar, represivo, que duró prácticamente 50 años. Ya en 1980, aquel tipo de gobierno (y la influencia de corrientes políticas internacionales) generó, en jóvenes y algunos líderes estudiantiles, magisteriales y sindicales el convencimiento de que la única alternativa para derrocar esos gobiernos militares era la insurrección armada. Así se abrió un período de sangrienta guerra civil (las matanzas de poblaciones enteras y la represión indiscriminada de dirigentes gremiales y políticos; junto al abuso del uso de las armas sobre sus propios compañeros y grupos poblacionales, por los dirigentes guerrilleros, así lo confirman no solo el asesinato de líderes connotados, sino actos que luego de la guerra han salido a la luz. Si bien en este período, los grupos insurgente apostaban a la rebelión popular, y un sector importante de la población se sumó a esos esfuerzos para la toma del poder por la vía armada, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales represivos los combatieron y reprimieron brutalmente. En consecuencia, la guerrilla no tuvo el éxito que esperaba llamando a la población a la rebelión, por lo que se orientó a la negociación que culminó, con los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, incorporándose los alzados en armas a la vida política y renegando a sus ideales de rebelión popular.
- PACTO SOCIAL Y ESTADO DE DERECHO
Se vuelve imperioso, frente al proceso político salvadoreño, también profundizar en dos conceptos ya enunciados: Estado de derecho y pacto social, desde la perspectiva del desafío que implican los procesos de rebeldía social, al que se hizo mención en el primer acápite.
La autora ya citada, Nadia Urbinati, señala que el concepto de rebeldía se escapa de los “intelectuales pertenecientes a las culturas políticas tradicionales”, porque este tipo de manifestaciones sociales o movimientos sociales, han sido comúnmente analizados en términos de manifestaciones de clase o de luchas o reivindicaciones de carácter económico. En este caso, se trata de manifestaciones más difusas y heterogéneas; pero, lo más crítico de este proceso social, radica en lo que se manifiesta como rechazo a la clase política gobernante y, consecuentemente, a su institucionalidad y forma de hacer política o, si se quiere, a sus modalidades de gobernanza.
En el caso de El Salvador, la indignación se expresa, insistimos, como un descontento y frustración con los políticos y los partidos políticos de diverso signo ideológico, que abusaron de la democracia formal y de una supuesta competencia partidista, a la vez que evidenciaron, desde las élites económicas, su incapacidad para cumplir con la oferta de un crecimiento individual, basado en el rebalse de la riqueza generada por una economía boyante y, en el otro, desde los dirigentes de la vieja insurgencia armada, expresado en su insolvencia para honrar lo que en el imaginario social figuraba como la ruta a una sociedad mayormente distributiva y justa; conceptos, aún mas más difíciles de identificar dada la pobreza ideológica de ambos tipos de organizaciones y la pérdida de sociedades concretas referentes, que permitan visualizar la concreción de esas utopías.
Todo lo anterior agravado por casos patéticos de corrupción y el abuso del poder político para beneficio personal, mientras la amplia mayoría de la población se veía forzada a condiciones de subsistencia, a la emigración y a depender de las remesas y, cada día con mayor amplitud, era sojuzgada por el crimen organizado: extorción y sicariáto.
Pero hay otra característica de esta “rebelión social salvadoreña” como ya hemos dicho; ha canalizado por vía electoral, lo que se convierte en un reclamo democrático que debería entenderse como una voz que grita al unísono: “es el demos que ha hablado”, a la vez que expresa también el reconocimiento de que las otras “formas de lucha”, experimentadas en sangre propia, han caducado y demostrado serias debilidades para este país y en este momento histórico.
Son estos hechos, sin duda, muy relevantes para un pueblo sufrido y crucificado por una larga (20 años) y despiadada (30 mil muertos) guerra civil que irónicamente, luego de unos acuerdos de paz y sin solución de continuidad, pasa a enfrenta un largo período de inseguridad (30 años), tan cruel o más que el anterior (40 mil muertos), en el que la población fue sometida por el crimen organizado (las maras), período en el que el Estado fue incapaz de garantizar el primero y más elemental de los Derechos Humanos: el derecho a la vida.
Es de esa opción del pueblo salvadoreño que surge un desafío ineludible y profundo: la necesaria ciudadanización de ese demos. Cuestión que siempre se le ha negado, porque los regímenes políticos que han prevalecido en El Salvador, no solo han fallado en la protección de la vida, sino también en la tutela y garantía de los otros derechos que convierten a una persona en un verdadero ciudadano; esto es: los derechos que hacen posible el desarrollo humano integral: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuando hablamos de ciudadanización o de demos no lo hacemos desde una perspectiva homogeneizadora, sino que desde el reconocimiento de la diversidad de ese conglomerado social y sus variados intereses, pero con capacidad de expresar y luchar por sus derechos.
Por lo anterior, dado que el gobierno del Presidente Bukele reconoce -muy acertadamente, por cierto- que no puede negociar con los que gobernaron el país en las décadas anteriores, también tiene que reconocer, como mandato, la responsabilidad para construir una ciudadanía sobre la base de la vigencia de sus derechos.
Hay otra característica de este proceso político que hemos mencionado que está detrás del gobierno del Presidente Bukele, sobre la que es necesario profundizar porque, sin lugar a dudas, es una característica desafiante.
Algunas referencias a esta particularidad lo identifican como gobernanza o condiciones para la gobernanza. Pero el asunto va más allá, por cuanto, se vuelve innegable que lo que está en juego es un jaque al estado de derecho establecido luego de los acuerdos de paz entre las facciones que protagonizaron esa la guerra civil, sustentado en una constitución aprobada en plena guerra civil (1981) y elaborada por quien ha sido señalado reiteradamente como el actor intelectual de crímenes de lesa humanidad. Es evidente que esas facciones, de pensamiento militarista, una que optó por la lucha armada para la toma del poder, y otra por la represión y la guerra contrainsurgente, encontraron en la política de “consenso” (Consultar Jacques. Rancier, Chantal Mouffe) un juego político cómodo, de élites capaces de ponerse de acuerdo; electorera en cuanto las elecciones -sustentadas en el marketing político- se orientaban estrictamente a legitimar la cúpula de sus élites respectivas. El régimen político que surgió de este proceso, se basó en la ilusión de una democracia sin conflicto, ignorando las demandas y diferencias sustantivas de los distintos grupos sociales, tanto políticas como sociológicas, propias de toda sociedad. Como consecuencia, no logaron manejar las contradicciones sociales, que es y debe ser la esencia de la democracia, necesariamente plural y diversa.
La legalidad de aquel régimen de posguerra civil, fue minándose desde dos vectores, la distancia de ese aparato institucional de los grupos sociales que integran la sociedad salvadoreña, particularmente de los más marginados o excluidos, y la dinámica interna de acuerdos entre élites, proclive a la corrupción sin voluntad para detener y menos castigar ese tipo de conductas. Pero también, entre otras variables, identificamos: la pérdida de fe, por la izquierda tradicional, de lo que era sin duda su piedra filosofal: “la idea de que el tiempo de los dominados estaba a su vez inscrito en un tiempo más esencial, el de una evolución histórica que destruiría las propias dominaciones que ella misma había generado, el del desarrollo de las fuerzas productivas que terminaría por enterrar a la clase burguesa que la había generado.” (Jacques Rancier Op. Cit).
Pero esta pérdida de fe, condujo a dirigentes de izquierda y a su aparto ideológico, a una “…contrarrevolución intelectual que, o bien ha rechazado todos los valores progresistas tradicionales, o bien los ha convertido en lo contrario de lo contrario de lo que eran.”(Idem)
Retomando el tema del pacto social y el Estado de derecho, vigente en el Régimen de guerra civil, se hace patente, -a lo largo de sus 30 años de vigencia- un proceso continuo de exclusión social en el primero y una legalidad e institucionalidad debilitada, incapaz de mantener al primero, por la normativa e institucionalidad de ese Estado de derecho.
Bukele ha iniciado un proceso de cambio de institucionalidad, basado en los recursos que esa propia institucionalidad establecida le ha permitido. Su finalidad ha sido lograr gobernabilidad para impulsar sus políticas e iniciativas de gobierno. Esto basado en la voluntad popular expresada en las urnas (2019 y 2021), pero ahora con el resultado de la tercera elección consecutiva que se avecina (Febrero 2024), lo que puede fortalecer su legitimidad e impulsar una nueva legalidad, una nueva institucionalidad republicana, con una base social más incluyente y actores sociales que respeten la voluntad popular. De nuevo, aquí se evidencia la relevancia del debate y aprobación de una nueva constitución. Me atrevo a sugerir, que es este caso no se haga desde la perspectiva de “temas clave” para distintos grupos sociales que integran la sociedad salvadoreña, incorporando actores diversos (con metodología de consultas de grupo) y no solo desde una perspectiva de derecho constitucional comparado.
Nota 2:
Hay relaciones que pueden parecer curiosas, pero que no se deben pasar de lado en un análisis político o sociológico. En el libro ya mencionado de J. Ranciere se destaca que, en 1991, se publicó el libro que causó un gran revuelo en el ámbito político y en las ciencias sociales, “El fin de la historia y el último hombre” de Francis Fukuyama, precisamente el día después del colapso del imperio soviético, en el que Fukuyama anunciaba el reino global de la democracia liberal, que la era de las ideologías y de los conflictos sangrientos que se achacaban a eras había terminado, entrando a la edad del realismo y la consideración desapasionada de los problemas sociales. “Treinta años después, -señala- es fácil constatar el fracaso de esas profecías.”
Es importante al observar las fechas de los acuerdos de paz y el fin del régimen de posguerra 30 años después, que esto hechos, esperanzas y fracasos también incidieron y se presentaron (con las particularidades sociopolíticas del caso) en El Salvador en esos años que duró el gobierno de posguerra civil; por supuesto, parafraseando aquella conocida frase: los hechos históricos se presentan y repiten, en un caso como tragedias y en el otro como tragicomedias. Los dados (nuevos vectores sociales) están rodando.
