Por Juan Gasparini
Inaudito tumulto entre instancias judiciales hondureñas sobre el destino de 8 ambientalistas que están presos desde hace casi 30 meses. Para la ONU son detenciones arbitrarias.
La Corte Suprema de Honduras consideró el jueves que la jueza Lisseth Vallecillo, quien mandó a la cárcel hace más de 2 años a 8 militantes ambientalistas, “no cumplió con el debido proceso ya que no era la jueza competente para conocer el caso”, pero la mayoría de las victimas continúan privadas de su libertad, con el agravante de haber sido sancionados culpables hace 48 horas, y aguardan la “individualización de la pena” prevista para el 21 de febrero próximo.
La flamante mandataria de Honduras, Xiomara Castro, enfrenta un balance negativo sobre derechos humanos, dejado por su predecesor, Juan Orlando Hernandez. La controversia por la suerte de estos 8 activistas defensores del Rio Guapinol, destiñe la imagen internacional del país centroamericano. La ONU insiste en considerar arbitrarias las arrestaciones. Los presos solicitan una amnistía, y exigen recuperar la libertad, estimado nulo el proceso acusatorio.
Sin embargo, continua en vigor la decisión judicial que les reprocha la comisión de los delitos de daños agravados, daños simples y privación ilegal de la libertad, a seis de los defensores del Rio Guapinol (Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo, y Orbin Nahuan Hernández), mientras que otros dos han sido absueltos.
“Reafirmamos que los defensores de Guapinol son defensores de derechos humanos, de la tierra, el territorio y el medioambiente, que ejercen una labor encomiable en favor de la democracia en el país. Han cumplido más de 29 meses de privación arbitraria de la libertad y, tal como lo determinó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, corresponde su liberación y reparación integral”, expresó Isabel Albaladejo Escribano, representante en Honduras del Alto Comisariado de la ONU para Derechos Humanos, según un comunicado difundido en Ginebra.
En ese contexto, la Oficina en Honduras de Michelle Bachelet, existente desde 2015, hizo un llamado a las autoridades locales para “garantizar la vida e integridad de los defensores condenados y absueltos, dentro y fuera del centro penal, de sus familias, de la comunidad y sus representantes legales y recuerda que el Estado es responsable de su seguridad y debe emplear todos los medios para prevenir cualquier incidente en su contra a causa de la estigmatización sufrida durante todo el proceso”.
Su representante, Isabel Albaladejo Escribano, acreditada en Honduras, recalcó que debe respetarse la defensa de los derechos humanos “sin ninguna clase de presión arbitraria o abusiva que obstaculice su ejercicio legítimo, lo cual incluye el derecho a no ser objeto de hostigamientos, entre los que” se citan “el inicio de acciones penales sin fundamento”. La funcionaria añadió que se sumaron al reclamo de liberar a los ambientalistas los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al medio ambiente y al derecho al agua potable y al saneamiento.
Criticó además el “juicio oral y público” del caso, donde el “Ministerio Público no se rigió por el principio de objetividad e incumplió el estándar de prueba mínimo que demostrara la culpabilidad de los defensores imputados, ni siquiera llegando a su individualización en la comisión de los delitos”. Y lamentó “que las resoluciones judiciales, tanto las relativas a la prisión preventiva como el fallo en el juicio oral y público, presentan indicios de falta de imparcialidad y carencia de motivación, lo que se traduce en violación de las garantías del debido proceso y del derecho a un juicio imparcial”.
Subrayó también que “la causa de Guapinol no es solamente la causa de los ocho defensores, ni de la comunidad de Guapinol, es una causa que debe involucrar a todo el Estado de Honduras a construir un modelo de desarrollo económico equitativo y sostenible que garantice los derechos de las comunidades afectadas y contribuya a la calidad de vida de la población en general”.
Isabel Albaladejo Escribano agregó que “la labor de las personas defensoras de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, habiéndose reconocido internacionalmente su contribución a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional”.
La representante de la ONU en Honduras ”instó a garantizar una protección judicial efectiva“ de los acusados, “y evitar demoras injustificadas” en los los procesos judiciales en curso, reiterando su mandato de brindar, “asistencia técnica a las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, y acentuó que continuará acompañando “a las comunidades en su defensa pacífica de los derechos a la tierra, el territorio y el medio ambiente”.
