El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó “todo acto de intimidación y represalia, tanto en línea como por otros medios, cometidos por agentes estatales y no estatales contra personas y grupos que tratan de cooperar o han cooperado con Naciones Unidas”; hechos cobijados por el gobierno de Nicaragua. La reprobación se extiende a quienes colaboran con la “Organización de Estados Americanos” (OEA). La sanción fue adoptada por 20 votos a favor, 8 en contra y 18 abstenciones.
La mayoría de los 47 Estados miembros de este Consejo, cuyo tercio se renueva anualmente, elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, confirmó así “ataques violentos” y “repetidos actos de intimidación y hostigamiento por parte de la policía y de grupos armados, denunciados por la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. De los 8 países de América Latina y el Caribe que integran este Consejo, apoyaron la resolución Argentina, Bahamas, Brasil, México y Uruguay. Se opusieron Cuba, Venezuela y Bolivia.
En lo inmediato, frente a las elecciones generales previstas en Nicaragua para noviembre próximo, este Consejo pidió que sean “libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las obligaciones y normas internacionales”, para “encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos”; y reclamó “la participación sin trabas de la oposición política y de observadores electorales nacionales e internacionales independientes”.
Repudió además las medidas contra quienes postularan “optar a cargos”, inclusive si fueran favorables “a la imposición de sanciones internacionales”. Ese veto impediría “a las víctimas de violaciones de los derechos humanos ejercer su derecho a un recurso efectivo, que puede incluir la reparación y el derecho a la verdad”. A tal prohibición contribuirían la Ley de Amnistía, la de Regulación de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos, y la de “los Derechos del Pueblo y la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, actualmente en vigor.
Para la ONU estas disposiciones “restringen aún más la libertad de expresión, la libertad de asociación y de reunión pacífica, la vida privada y el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, lo que limita indebidamente la participación política y las actividades de los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil”; con el agravante que el gobierno mantiene en prisión “a más de 100 personas”, anteriormente “puestas en libertad… por la Ley de Amnistía de 2019”.
La ONU instó al gobierno nicaragüense, de aquí a mayo venidero, concretar “negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de la oposición”, y pactar “reformas electorales e institucionales que garanticen unas elecciones… representativas”. El acuerdo debería tomar en consideración “la falta de rendición de cuentas” sobre los 300 muertos y 2000 heridos de la protesta popular contra la reforma por decreto de la Seguridad Social en 2018.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU le recomendó también al gobierno matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde hace 14 años en Nicaragua, abandonar las detenciones arbitrarias, “así como a las amenazas y otras formas de intimidación… para reprimir la disidencia”. Le exhortó al respeto en las cárceles de “las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela)”, subrayando que aumentan “los asesinatos por razones de género, y los actos de violencia sexual durante la reclusión”
Le recordó al tándem Ortega-Murillo la obligación de recabar “el consentimiento libre, previo e informado previsto por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. Y a “prevenir y combatir el creciente número de actos de violencia cometidos contra ellos, entre otras cosas mediante la realización de investigaciones rápidas e independientes de las denuncias de asesinatos y confiscaciones de tierras por parte de grupos armados”
Una particular mención tuvo en este contexto preelectoral, la necesidad que el gobierno autorice expresamente “las manifestaciones pacíficas y públicas, a que derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos, e impedir a las víctimas de violaciones de los derechos humanos … a interponer un recurso o prolongar el período de privación de libertad sin acusación formal o penalizar las opiniones discrepantes”.
Para la ONU resulta inaceptable “el creciente número de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que se ven obligados a cesar sus actividades debido a las restrictivas limitaciones administrativas impuestas” desde 2018, “como la cancelación arbitraria de su registro legal y por el impacto que dichos cierres tienen en la vigilancia independiente de los derechos humanos… tanto en línea como por otros medios”.
Con el propósito de continuar investigando la evolución de la situación en Nicaragua, el Consejo solicitó a la Alta Comisionada, Michel Bachelet, “un informe provisional actualizado con recomendaciones”, seguido de “un diálogo interactivo”, entre los Estados y las oeneges, “antes del final de 2021”, aprovechando entre tanto las dos próximas sesiones de junio y septiembre de 2021, para continuar dando seguimiento, y brindar un informe escrito suplementario dentro de un año.
