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sábado, 15 de mayo del 2021

Comunidades deben decidir sobre actividades mineras

El ICEFI aplaude la aprobación del nuevo instrumento y llama a los diversos actores a plantear que tipo de sociedad se desea construir

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El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castañeda, explicó que las actividades mineras en la región centroamericana no son tan importantes como pueden ser en los paí­ses de Suramérica; no obstante, es fundamental que las comunidades puedan decidir si estas actividades extractivas serán parte de su modelo económico.

El especialista explica que muchas comunidades donde se cuenta con licencia para el conocimiento, exploración o explotación hay una mayor incidencia de conflicto social. En Guatemala, por ejemplo, ocho de cada diez municipios han presentado estas caracterí­sticas, muchas veces porque se instalan empresas y maquinarias sin consulta previa.

“Hay que cuestionarse el papel del Estado, debe ser un árbitro. Sin embargo, las comunidades sienten que el Estado se vuelve promotor de esta actividad”, explica Castañeda.

Por otro lado, si se revisa la importancia que tienen estas actividades en materia económica el economista asegura que hay evidencias que confirman que las industrias extractivas no son un motor de crecimiento económico en la región.

Según un documento presentado recientemente por OXFAM junto a la Procuradurí­a para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), para Guatemala la industria minera representa el 0.71% de aporte al PIB; para Honduras el 0.09%; y para El Salvador el 0.03%. Es decir que de $100 que percibe el Estado salvadoreño, alrededor de $0.30 centavos son aporte de las ganancias de la industria extractiva.

En cuando a los aportes fiscales del sector, de acuerdo con el documento, entre 2010 y 2015 los impuestos provenientes de minas y canteras representaron únicamente el 0.03% de los gastos ejecutados por el Gobierno central; es decir, de cada $1.00 de gasto del GOES, el aporte tributario de este sector solo permite financiar $0.03 centavos.

El pasado miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó con 70 votos, la Ley de Prohibición de la Minerí­a Metálica para El Salvador, con lo que da por concluida una discusión que se alargó por más de 10 años para alcanzar los acuerdos y aprobar los 11 artí­culos que prohí­ben la extracción, exploración y toda actividad minera en el paí­s.

Entidades defensoras de derechos humanos, indican que este paso no solo es importante para las comunidades sino también para el medio ambiente.

Según el documento de OXFAM, estos proyectos extractivos impactan las vertientes de agua, utilizando el agua masiva e indiscriminadamente de forma gratuita, contaminando los rí­os, generando la perdida de nacimientos de agua dulce y muerte de la fauna; imposibilitando la utilización del agua para riego y consumo humano.

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son fundamentales para determinar la viabilidad o no de la minerí­a. Por ejemplo, en el caso de la mina Cerro Blanco, en Jutiapa, Guatemala, departamento fronterizo con El Salvador, se encuentra en el interior de la región del Trifinio. Su funcionamiento puede afectar a 45 municipios de los tres paí­ses, con una población de más de 670 mil habitantes.

Habitantes de Cabañas celebran la prohibición de la minerí­a metálica en el paí­s. Foto: Vladimir Chicas

El activista de la Mesa Nacional Frente a la Minerí­a Metálica, Alejandro Labrador, sostiene que la polí­tica pública se ha visto estancada al igual que debates fundamentales como el del agua. No obstante, la aprobación de la ley es una victoria principalmente para las comunidades que hace unos años empezaron a detectar que la minerí­a metálica no es una amenaza solo para ellos sino para todo el paí­s.

En reciente conversación con ContraPunto, aseguró que el reto es seguir abriendo espacios para una sociedad más participativa, que represente a los sectores más vulnerables y más desprotegidos, que las polí­ticas en materia ambiental se acerquen cada vez más a su realidad y que El Salvador se deje de ver como “una finca sobre la cual deciden pocos”.

Por su parte, el ICEFI aplaude la aprobación del nuevo instrumento y llama a los diversos actores a plantear que tipo de sociedad se desea construir y esto pasa, según el organismo, por apostarle a un crecimiento económico sostenible.

 “El Estado está obligado a ofrecer oportunidades de trabajo dignas en todos los sentido. En El Salvador es evidente que el modelo económico es insostenible por lo que hay que buscar resolver problemas estructurales, subempleo y empleo informal”, explica Castañeda.

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