Durante las últimas semanas, la mirada de la comunidad internacional se ha posado sobre la Asamblea Legislativa, donde se está discutiendo una nueva iniciativa denominada “ley de reconciliación nacional”, la cual para gran mayoría de estos sectores es considerada como una nueva ley de amnistía que servirá para volver a sepultar en la impunidad, todos aquellos acontecimientos oscuros que ocurrieron durante el conflicto armado.
La más reciente en alzarse contra este decreto ha sido la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, al mando de Jean Manes, que emitió un mensaje en redes sociales en el que menciona que la nueva ley de reconciliación debe garantizar los derechos de las víctimas y la transparencia.
“EEUU cree que cualquier ley de reconciliación nacional en El Salvador debe incluir proceso transparente, inclusivo para garantizar responsabilidad y proteger derechos de víctimas a buscar justicia, transparencia, responsabilidad y justicia son vitales para verdadera reconciliación”, se lee en el texto.
Manes, una voz poderosa e influyente en este país, para tirios y troyanos, reproduce un mensaje de la la subsecretaria de Estado, Kimberly Breier.
Mientras tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escribió una carta en la que insta a la Asamblea Legislativa a no dar el visto bueno al mismo, ya que desde su punto de vista, está diseñada para proteger a los autores materiales e intelectuales de crímenes cometidos durante la guerra.
“Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”, escribió Bachellet.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que tiene jurisdicción en El Salvador, pidió al Estado Salvadoreño a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que rinda un informe sobre el anteproyecto de ley de reconciliación que los diputados están estudiando en la Asamblea Legislativa.
Así mismo, los embajadores de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros en El Salvador expresan, sin embargo, su profunda preocupación sobre algunas de las disposiciones del proyecto presentado, que suponen la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales en los procesos tramitados al amparo de esta Ley. Dichas disposiciones no ayudarían a que los ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento del derecho.
El derecho de las víctimas a conocer la verdad, a la tutela judicial efectiva, a las debidas reparaciones y a la garantía de no repetición, son principios que todo proyecto de ley debe respetar y que se fundamentan en principios del Derecho Internacional, que El Salvador se ha comprometido a respetar, finaliza el comunicado de la UE.
De igual modo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) manifestó por medio de otra carta su preocupación ante este nuevo decreto.
“Desde CEJIL expresamos nuestra preocupación ante el avance del trabajo de la Subcomisión establecida por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador para elaborar una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional. Esto, ante la premura y falta de transparencia con que sus miembros han empujado el proceso”, añade la misiva.
También, el representante diplomático de Holanda para El Salvador, Peter-Derrek Hof, denunció que el decreto da vía libre a las autoridades para otorgar “perdones de facto” a los violadores de derechos humanos, mermando los derechos de las víctimas a conocer la verdad.
“Muy preocupado por la propuesta de ley en la Asamblea de El Salvador que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra. Las víctimas necesitan que se conozca la verdad y se haga justicia”, escribió Derrek Hof en redes sociales, mientras citó el caso de los tres periodistas holandeses que fueron asesinados durante la guerra civil.
Mientras que Amnistía Internacional también emitió un pronunciamiento sobre esta propuesta que impulsan los diputados. "Los diputados y diputadas de El Salvador no pueden dar la espalda a las víctimas", señaló Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, citada en un comunicado. Rosas destacó que el Estado tiene la obligación de llevar a la justicia a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. "De lo contrario, se arriesgan a convertirse en cómplices de crímenes atroces", enfatizó.
Para Amnistía, la propuesta de ley de reconciliación también es una vía libre para que los posibles imputados no enfrentan sanciones. "Si los diputados y diputadas aprueban una nueva ley que concede amnistía y garantiza la impunidad para violaciones de derechos humanos, lejos de asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, estarían burlándose de su dolor y pisoteando sus derechos", concluyó Rosas.
Por ahora, los distintos grupos parlamentarios se encuentran discutiendo el decreto, por lo que no se descarta que la Comisión Política se reúna nuevamente esta tarde para dar luz verde a un dictamen favorable.
Para ello, se requieren 43 votos a favor por parte del pleno. ARENA, FMLN, PCN y el PDC han manifestado su apoyo previamente y entre esos partidos el documento lograría 72 votos, más que suficientes para su aval.
Sin embargo, algunos miembros del partido GANA, la tercera fuerza política en el Parlamento tras el FMLN y ARENA, han dejado claro que no están de acuerdo con los procedimientos que se han desarrollado en esta ley.
“Lo que se está haciendo es generando impunidad para los actores materiales e intelectuales tanto del estado como de la eguerrilla que se vieron involucrados en los crímenes durante el conflicto armado”, apuntó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.
Además, el diputado independiente y miembro de la comisión política, Leonardo Bonilla afirmó que no apoyará la iniciativa, pues considera que este debe ser conocido por el presidente electo, Nayib Bukele, ya que el mandatario saliente, Sánchez Cerén, estaría actuando como “juez y parte” en el proceso, debido a que también está envuelto en casos de crímenes cometidos durante el conflicto armado.
“Considero que lo más conveniente es que conozca de esta sanción de esta aprobación el presidente entrante y no el saliente, porque el presidente saliente también es una de las personas que estpa siendo cuestionada por crímenes de guerra (“¦) en ese sentido se estaría volviendo juez y parte al emitir una sanción sobre esta ley”, puntualizó Bonilla.
