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jueves, 06 de mayo del 2021

Comunidad Internacional contra amnistí­a de facto en El Salvador

Autoridades internacionales pro derechos humanos y representantes diplomáticos de otros paí­ses se han pronunciado en contra de la nueva ley de reconciliación nacional formulada por los diputados de la Asamblea Legislativa

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Durante las últimas semanas, la mirada de la comunidad internacional se ha posado sobre la Asamblea Legislativa, donde se está discutiendo una nueva iniciativa denominada “ley de reconciliación nacional”, la cual para gran mayorí­a de estos sectores es considerada como una nueva ley de amnistí­a que servirá para volver a sepultar en la impunidad, todos aquellos acontecimientos oscuros que ocurrieron durante el conflicto armado.

La más reciente en alzarse contra este decreto ha sido la embajada de los Estados Unidos en El Salvador, al mando de Jean Manes, que emitió un mensaje en redes sociales en el que menciona que la nueva ley de reconciliación debe garantizar los derechos de las ví­ctimas y la transparencia.

“EEUU cree que cualquier ley de reconciliación nacional en El Salvador debe incluir proceso transparente, inclusivo para garantizar responsabilidad y proteger derechos de ví­ctimas a buscar justicia, transparencia, responsabilidad y justicia son vitales para verdadera reconciliación”, se lee en el texto.

Manes, una voz poderosa e influyente en este paí­s, para tirios y troyanos, reproduce un mensaje de la la subsecretaria de Estado, Kimberly Breier.

Mientras tanto, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, escribió una carta en la que insta a la Asamblea Legislativa a no dar el visto bueno al mismo, ya que desde su punto de vista, está diseñada para proteger a los autores materiales e intelectuales de crí­menes cometidos durante la guerra.

“Tales disposiciones benefician de forma indebida tanto a los responsables materiales, como a los autores intelectuales y a los altos mandos que durante el conflicto armado ordenaron o no adoptaron medidas para prevenir o reprimir crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra tales como ejecuciones extrajudiciales de niños, mujeres y ancianos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otras violaciones de derecho internacional”, escribió Bachellet.

En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo que tiene jurisdicción en El Salvador, pidió al Estado Salvadoreño a través del Ministerio de Relaciones Exteriores que rinda un informe sobre el anteproyecto de ley de reconciliación que los diputados están estudiando en la Asamblea Legislativa.

Así­ mismo, los embajadores de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros en El Salvador expresan,  sin  embargo,  su  profunda  preocupación  sobre  algunas  de  las  disposiciones del proyecto presentado, que suponen la suspensión de facto de  las responsabilidades civiles y penales en los procesos tramitados al amparo  de  esta  Ley.  Dichas  disposiciones  no  ayudarí­an  a  que  los  ciudadanos mantengan la confianza en las instituciones como garantes del cumplimiento  del derecho.

 El derecho de las ví­ctimas a conocer la verdad, a la tutela judicial efectiva, a las debidas reparaciones y a la garantí­a de no repetición, son principios que todo  proyecto de ley debe respetar y que se fundamentan  en principios del Derecho  Internacional, que El Salvador se ha comprometido a respetar, finaliza el comunicado de la UE.

De igual modo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) manifestó por medio de otra carta su preocupación ante este nuevo decreto.

“Desde CEJIL expresamos nuestra preocupación ante el avance del trabajo de la Subcomisión establecida por la Comisión Polí­tica de la Asamblea Legislativa de El Salvador para elaborar una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional. Esto, ante la premura y falta de transparencia con que sus miembros han empujado el proceso”, añade la misiva.

También, el representante diplomático de Holanda para El Salvador, Peter-Derrek Hof, denunció que el decreto da ví­a libre a las autoridades para otorgar “perdones de facto” a los violadores de derechos humanos, mermando los derechos de las ví­ctimas a conocer la verdad.

“Muy preocupado por la propuesta de ley en la Asamblea de El Salvador que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crí­menes de guerra. Las ví­ctimas necesitan que se conozca la verdad y se haga justicia”, escribió Derrek Hof en redes sociales, mientras citó el caso de los tres periodistas holandeses que fueron asesinados durante la guerra civil.

Mientras que Amnistí­a Internacional también emitió un pronunciamiento sobre esta propuesta que impulsan los diputados. "Los diputados y diputadas de El Salvador no pueden dar la espalda a las ví­ctimas", señaló Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistí­a Internacional, citada en un comunicado. Rosas destacó que el Estado tiene la obligación de llevar a la justicia a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos. "De lo contrario, se arriesgan a convertirse en cómplices de crí­menes atroces", enfatizó.

Para Amnistí­a, la propuesta de ley de reconciliación también es una ví­a libre para que los posibles imputados no enfrentan sanciones. "Si los diputados y diputadas aprueban una nueva ley que concede amnistí­a y garantiza la impunidad para violaciones de derechos humanos, lejos de asegurar los derechos a la verdad, justicia y reparación de las ví­ctimas, estarí­an burlándose de su dolor y pisoteando sus derechos", concluyó Rosas.

Por ahora, los distintos grupos parlamentarios se encuentran discutiendo el decreto, por lo que no se descarta que la Comisión Polí­tica se reúna nuevamente esta tarde para dar luz verde a un dictamen favorable.

Para ello, se requieren 43 votos a favor por parte del pleno. ARENA, FMLN, PCN y el PDC han manifestado su apoyo previamente y entre esos partidos el documento lograrí­a 72 votos, más que suficientes para su aval.

Sin embargo, algunos miembros del partido GANA, la tercera fuerza polí­tica en el Parlamento tras el FMLN y ARENA, han dejado claro que no están de acuerdo con los procedimientos que se han desarrollado en esta ley.

“Lo que se está haciendo es generando impunidad para los actores materiales e intelectuales tanto del estado como de la eguerrilla que se vieron involucrados en los crí­menes durante el conflicto armado”, apuntó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos.  

Además, el diputado independiente y miembro de la comisión polí­tica, Leonardo Bonilla afirmó que no apoyará la iniciativa, pues considera que este debe ser conocido por el presidente electo, Nayib Bukele, ya que el mandatario saliente, Sánchez Cerén, estarí­a actuando como “juez y parte” en el proceso, debido a que también está envuelto en casos de crí­menes cometidos durante el conflicto armado.

“Considero que lo más conveniente es que conozca de esta sanción de esta aprobación el presidente entrante y no el saliente, porque el presidente saliente también es una de las personas que estpa siendo cuestionada por crí­menes de guerra (“¦) en ese sentido se estarí­a volviendo juez y parte al emitir una sanción sobre esta ley”, puntualizó Bonilla.

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