El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador dio inicio a la vista pública del caso conocido como “Saqueo Público”, en el que 10 imputados enfrentan cargos relacionados con actos de corrupción durante la presidencia de Mauricio Funes.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los procesados por delitos como lavado de dinero, peculado y casos especiales de lavado de dinero. La audiencia, que se espera dure aproximadamente un mes, se lleva a cabo con la presencia de más de 2,500 documentos, 114 testigos, pericias financieras, contables, tributarias y asistencias internacionales.
Los acusados enfrentan cargos que incluyen lavado de dinero, peculado y casos especiales de lavado de dinero. Entre los procesados se encuentran:
- Vanda Pignato, exprimera dama.
- José Miguel Antonio Menéndez Avelar, dueño de COSASE.
- Juan Carlos Guzmán Berdugo, exsuegro de Mauricio Funes.
- Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario.
- Rigoberto Palacios Panameño, exjefe de contabilidad.
- Luis Miguel Ángel García.
- Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de Casa Presidencial.
- Pablo Gómez, exasistente técnico de la Presidencia.
- Jorge Alberto Hernández Castellano, exjefe de Tesorería de Casa Presidencial.
- David Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia.
El caso se centra en la apropiación de fondos públicos que el Ministerio de Hacienda asignó a la Presidencia de la República para gastos reservados entre los años 2009 y 2014. La Fiscalía busca demostrar mediante pericias financieras y contables que los procesados se habrían beneficiado ilícitamente de más de $351 millones de dólares.
Una de las pericias presentadas en el juicio es una “Auditoría Forense Pericial Financiera Contable de Gestión Administrativa y Funcional”, que analiza el uso de refuerzos presupuestarios para incrementar la partida secreta conocida como “Rubro 54315 Gastos Reservados”. Esta auditoría, presuntamente, confirma que Mauricio Funes aumentó dicha partida en un 300%, apropiándose de más de $351 millones de dólares durante su mandato presidencial.
La defensa de los acusados ha presentado solicitudes para la exclusión de algunos testigos y documentos, alegando irregularidades en la cadena de custodia y en el otorgamiento del estatus de testigo criteriado.
