Redacción ContraPunto (Portada foto de FGR)
Cuatro exagentes policiales fueron condenados a penas que alcanzan hasta 433 años de prisión, luego de que un tribunal salvadoreño los encontrara culpables de integrar una estructura criminal dedicada al robo de viviendas y negocios en varios departamentos del país. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que los sentenciados usaban uniformes policiales y falsas órdenes de registro para facilitar su ingreso a los inmuebles y someter a las víctimas.
Un esquema delictivo operado desde 2019
De acuerdo con la FGR, la estructura operó entre 2019 y 2022 en Santa Ana, Sonsonate, Ahuachapán, San Salvador, Cabañas y La Libertad, donde cometieron numerosos robos agravados y otros delitos graves. Solo en ese periodo, las autoridades contabilizan más de 41 casos directamente atribuidos a los condenados.
“La investigación demostró que estos exagentes policiales se aprovecharon de su experiencia operativa y de la confianza que inspira un uniforme para cometer delitos gravísimos. Simulaban procedimientos legales para ingresar a las viviendas y apropiarse de bienes de alto valor”, informó la Fiscalía.
Los delitos atribuidos
La FGR detalló que los exagentes y otros civiles fueron hallados culpables de:
- Agrupaciones ilícitas
- Robo agravado
- Hurto agravado
- Cohecho impropio
- Tenencia ilegal de arma de fuego
Las penas individuales, según la Fiscalía, se acumularon dada la cantidad de víctimas y la gravedad de cada delito, lo que derivó en condenas que superan los 400 años de prisión para algunos de los implicados.
Versión ampliada de la Fiscalía
En su informe final, la FGR sostuvo que la banda realizaba vigilancia previa de las viviendas y coordinaba los ataques de forma sistemática: “Los acusados actuaban con una planificación detallada: seleccionaban las casas, verificaban horarios, portaban armas ilegales y ejecutaban el robo en cuestión de minutos. El uso de uniformes policiales no solo facilitaba la entrada, sino que intimidaba a las víctimas para evitar resistencia”.
La institución también subrayó que este caso envía un mensaje claro respecto a la responsabilidad penal de miembros o exmiembros de cuerpos de seguridad: “No se tolerará que quienes fueron formados para proteger a la población utilicen ese conocimiento para delinquir”.
Declaraciones del juez del caso
El juez que dictó la sentencia señaló durante la lectura del fallo que existía “prueba sólida y contundente” que demostraba la participación de los policías en cada uno de los hechos:
“Los uniformes, las armas, los vehículos utilizados y los testimonios coinciden de manera clara. No se trata de hechos aislados, sino de una operación criminal continua y organizada. La gravedad de los delitos y el nivel de abuso de autoridad justifican plenamente la extensión de las penas”.
Asimismo, el juez destacó que las víctimas sufrieron daños psicológicos y patrimoniales severos, especialmente porque confiaron inicialmente al ver lo que creían ser un procedimiento policial legítimo.
Postura de los abogados defensores
Los defensores de los cuatro exagentes adelantaron que apelarán la sentencia, argumentando que algunas pruebas fueron “interpretadas de forma parcial” y que no todos los procesados habrían tenido participación directa en la totalidad de los hechos atribuidos.
“Se han impuesto penas desproporcionadas basadas en imputaciones acumuladas. Nuestros clientes no participaron en todos los hechos, y así lo demostraremos en la siguiente instancia”, expresó uno de los abogados.
Otro miembro de la defensa calificó el fallo como “excesivo”, aunque reconoció que el proceso se desarrolló conforme al procedimiento legal.
Un golpe a estructuras que se hacían pasar por autoridades
La condena cierra una fase clave de las investigaciones relacionadas con grupos que se han hecho pasar por agentes de seguridad para cometer delitos. De acuerdo con la Fiscalía, el desmantelamiento de esta estructura permitirá esclarecer otros casos abiertos de robos violentos en la misma modalidad.
Mientras avance la apelación anunciada por la defensa, los cuatro exagentes permanecerán bajo resguardo penitenciario con medidas de seguridad reforzadas debido al tipo de delitos que cometieron y al número de años acumulados en sus condenas.
FUENTES FGR Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ,LA PRENSA GRAFICA
