Durante los últimos dos años más de 1,500 personas viven en carne propia el fenómeno del desplazamiento forzado. Han debido abandonar su lugar de residencia ante las amenazas de ser asesinados. El título del documento que registra esa realidad es elocuente: “lo que El Salvador no reconoce”.
La instalación de un albergue para desplazados por la violencia en el municipio de Caluco en Sonsonate, le dio rostro a esa realidad, no vista en el país desde el fin del conflicto armado en 1992. Era octubre de 2016, 40 adultos y 33 niños huyeron de sus casas ubicadas en el caserío El Castaño, donde había 83 familias.
El fenómeno ha sido cubierto por los medios de comunicación, quizá por algunos con más intensidad que otros. Se ha mantenido en la agenda desde entonces; hay otra realidad: el temor domina a los afectados, como una lógica reacción ante la inseguridad que afrontan. A eso se suma el cansancio de funcionarios que han aprovechado el asunto para hacerse la fotografía.
En algunas coberturas han aplicado lo que el periodista polaco Ryszard Kapuściński( 1932-2007) llamaba ponerse en el lugar del otro y han dado voz a los más desfavorecidos; una forma de poner en contexto y dar una idea de lo que viven los afectados, en cuanto personas con dignidad; que no solo son cifras que alimentan las estadísticas.
La respuesta de las autoridades ha girado en el desconocimiento del fenómeno y en acciones tímidas o de poco alcance a pesar de las recomendaciones y análisis de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damary, en agosto de 2017. En ese año 568 personas abandonaron sus hogares y todo lo que implica: sus fuentes de trabajo- en el caso lo tuvieran- la escuela de los menores, la atención de servicios de salud, por ejemplo. Un año después, En 2018, la cifra de casos aumentó a 1,048 personas, distribuidos en 368 casos, quienes recibieron atención de la organización para sobrevivir con este dolor.
El asunto ha trascendido a instancias de alto nivel. En julio de 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó recobrar el control territorial de zonas dominadas por las pandillas y al Estado a reconocer el fenómeno. También ordenó a la Fiscalía y a la Policía Nacional Civil hacer investigaciones exhaustivas, sobre las denuncias de las víctimas de desplazamiento forzado.
La sentencia también ordena al presidente de la República aplicar acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas y atender a las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, como una prioridad en la elaboración del presupuesto general del Estado.
Este es un rubro al que se le debe prestar atención. En julio pasado los diputados atribuyeron el incumplimiento del plazo ordenado por la Sala, que venció en diciembre de 2018, a que no hay definición sobre el financiamiento que sustente la Ley de Desplazamiento Forzado, cuyo anteproyecto estudia la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. En ese momento, el acuerdo fue pedir opinión a los titulares que asumieron en junio, sobre el presupuesto en ese rubro para el año 2020.
Otra área a explorar es el seguimiento que del caso hace la Sala de lo Constitucional, que ha efectuado una audiencia para revisar el cumplimiento de la sentencia de julio de 2018. Consistió en recibir informes de la Fiscalía General de la República, del ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la Asamblea Legislativa, la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y la Presidencia de la República. Aunque hay una salvedad, está bajo reserva.,
Lo que no está en esa condición es la necesidad de la apertura de espacios diálogo y colaboración conjunta entre las instituciones y los organismos sociales en función de dar atención y protección a las víctimas. En la gestión anterior, el asunto fue minimizado hasta en el uso del lenguaje, al llamarlo “movilidad humana a causa de la violencia”; la Sala no anduvo con medias tintas, y en su fallo dijo que el Gobierno, la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial incumplieron sus atribuciones "por la falta de reconocimiento del fenómeno del desplazamiento forzado y de las dimensiones de la violencia que afecta a los territorios controlados por las pandillas".
