Por Carlos Domínguez
Existe la pretensión de los funcionarios de dar clases de periodismo o de regular el trabajo de los medios de comunicación. Lo hizo en su momento el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, quien en la Cumbre Iberoamericana de mandatarios de noviembre de 1997 abogó por que se incluyera en la declaración final un capítulo sobre la información veraz. El asunto es un recordatorio de la eterna tentación de los gobernantes de ser jueces e imponer “su” verdad. Una forma de renunciar y distraer la atención de que sonlos primeros obligados a garantizar la libertad y no establecer los límites de la verdad.
No es tema del siglo pasado. Nicaragua vive desde 2018 una grave crisis agravada este año a medida se acercan las elecciones de noviembre. Las agresiones a medios de comunicación y periodistas ilustran patrones que son parte de una estrategia represiva, ha dicho la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos.
Persecución a medios de comunicación y periodistas, el exilio de más de una decena de comunicadores, señalamientos criminalizantes, expresiones estigmatizantes contra la prensa son herramientas propias de aquella estrategia. Tales acciones alientan a la población a atacar a los periodistas, con el fin de dar argumentos que justifiquen actos de violencia.
El pasado ocho de septiembre fue aplicada por primera vez la Ley de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría legislativa sandinista, que castiga lo que para el gobierno es noticia falsa.
En una especie de dominó, algunas acciones de ese tipo han sido vistas en el país con más frecuencia e intensidad durante este año. Es muy revelador que la Asociación de Periodistas de El Salvador ha registrado más actos contra la prensa que los ocurridos durante el 2020.
Los casos más recientes son las agresiones e intimidación a un fotoperiodista de La Prensa Gráfica por empleados de seguridad de la Asamblea Legislativa. Según la denuncia, uno de los agresores es un alto cargo de esa área.
Una periodista de ese medio denunció que mientras cubría una denuncia contra el alcalde de Panchimalco varias personas la insultaron. Una de las expresiones en su contra fue “chayotera”, propia de México, que alude a corrupción.
Un nivel de agresión superior es la amenaza de un funcionario a la revista Gato Encerrado para que revele la fuente anónima que sustenta la publicación que revela una reunión previa con algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral previa a la divulgación de una resolución de la Sala de lo Constitucional que habilita la relección del presidente de la República.
La protección de las fuentes es parte del derecho de abstención para los periodistas establecido en el artículo 206 del Código Procesal Penal, y es reconocida en instrumentos como la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, que es la interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Estos sucesos configuran la renuncia del Estado a la obligación de un discurso público favorable a la promoción de la libertad de expresión, considerada la piedra angular de la democracia.
