A 25 años del Informe Final de la Comisión de la Verdad de El Salvador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a insta al Estado salvadoreño a cumplir con sus recomendaciones.
Durante más de 23 años, la Ley de Amnistía impidió la promoción de justicia respecto a los responsables por violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado y la reparación de las víctimas. Tras más de un año de su anulación por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es necesario intensificar los avances en materia de justicia transicional.
Lea también: Piden a la ONU abrir archivos de guerra para juzgar crímenes en El Salvador
La Comisión de la Verdad, en conjunto con los acuerdos de paz, representa un paso importante para un cambio en la sociedad salvadoreña, y su informe final “De la Locura a la Esperanza: la guerra de 12 años en El Salvador”, establece importantes directrices para el perfeccionamiento de la democracia y del Estado de Derecho del país. A más de dos décadas del final del conflicto armado y del informe de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones siguen estando vigentes.
La CIDH ha dado seguimiento en las últimas décadas a la situación de la justicia transicional en el país. En este contexto, la CIDH reconoce importantes avances recientes en la materia, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió sentencias sobre casos de desaparición forzada durante el conflicto armado. Asimismo, se creó la Unidad sobre Crímenes del Conflicto Armado en la Fiscalía para procesar los crímenes del conflicto armado, así como la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (CONABUSQUEDA), una entidad autónoma encargada de buscar a las personas desaparecidas durante el conflicto armado en el país.
No obstante, persiste un estancamiento en materia de memoria, verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, sólo 3 de más de 100 acusaciones criminales han sido abiertas desde la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Además, información recibida por la Comisión indica que las Fuerzas Armadas no brindan información sobre casos del conflicto armado. Respecto al derecho de reparación, sigue pendiente de aprobación una ley que garantice reparación integral a las víctimas.
La CIDH urge al Estado a crear y fortalecer mecanismos de justicia transicional a fin de dar cumplimiento con las normas internacionales sobre la materia. En particular, la Comisión insta el Estado a presentar nuevas acusaciones penales respecto a crímenes ocurridos durante el conflicto armado y, asimismo, a aprobar una ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado conforme a los estándares interamericanos.
Al respecto, la CIDH está explorando posibilidades de cooperación técnica para capacitar a funcionarios públicos en estándares de justicia transicional, en el marco de sus funciones y mandato, y colaborar con las instituciones del Estado en los esfuerzos que se realicen para el cumplimiento efectivo de la justicia transicional en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
