Organizaciones salvadoreñas junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expusieron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por la vulneración de los derechos humanos ante las medidas implementadas por el Gobierno de El Salvador con el afán de reducir los altos índices de inseguridad y violencia que aquejan al país.
Representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y CEJIL expusieron al a CIDH que a partir del 2015 hubo un incremento “preocupante” de las violaciones de derechos humanos realizadas por agentes policiales o militares, que incluyen amenazas, acoso, tortura, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Por lo anterior las organizaciones exigieron al Estado salvadoreño que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de seguridad; que fortalezca las políticas de seguridad de manera integral, a través de la fiscalía y del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Las organizaciones comentaron las cifras de la violencia en El Salvador y reflejaron que El Salvador es catalogado como uno de los países más violentos del mundo con 6.657 homicidios registrados por las autoridades sólo en 2015, equivalente a 102,9 asesinatos por cada cien mil habitantes. Remarcaron que la cifra de muertos ha llegado a 2.006 al cierre del primer trimestre de 2016.
“La alta tasa se explica, en parte, por la intervención policial producto de una política de Estado, que se ha desplegado en los últimos años, y que acusa a las maras como responsables de la inseguridad en El Salvador”, cita la CEJIL en su comunicado.
Según las entidades, basadas en cifras gubernamentales, existe una participación cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana, que ha pasado de 897 efectivos en 2006 a 13.000 en la actualidad.
Los defensores de derechos humanos fueron críticos con el plan del Gobierno "El Salvador seguro", ya que según ellos se enfoca en la persecución penal del delito y no prioriza la prevención ni la atención a las víctimas.
Sin embargo el ministro de la Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, quien asistió a la audiencia, señaló que el plan contiene un enfoque integral e incluye acciones en el campo de: prevención de la violencia, del control y persecución penal, rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y fortalecimiento institucional.
Además, Martínez, reiteró el compromiso del Gobierno salvadoreño por el respeto a los derechos humanos como parte de la estrategia integral impulsada para combatir la criminalidad en el país.
“Nunca antes nuestro país enfrentó una violencia de la crueldad y barbarie como la que está siendo provocada por las pandillas que con sus acciones criminales han llevado sufrimiento y luto a la población salvadoreña y buscan por todos los medios posibles infundir terror en la población", dijo Martínez.
Por otro lado, Martínez dijo que ante casos puntuales de mal proceder en el marco de las tareas de combate y persecución penal, se cuenta con mecanismos internos de control y protocolos de investigación para determinar la existencia de responsabilidad de agentes policiales y definir la sanción correspondiente.
Apuntaló que “la participación de las Fuerzas Armadas es temporal y estamos de acuerdo en que se deben ir retirando a medida que se vaya controlando la situación, todos estamos claros en que es una situación excepcional".
