El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto a 19 organizaciones más pidieron a los tribunales de justicia salvadoreños desarrollar un “juicio justo” en el caso de Imelda Isabel Cortez, de 20 años, acusada por el delito de homicidio agravado contra su hija recién nacida tras sufrir una complicación obstétrica, y que este lunes el Tribunal de Sentencia de Usulután retrasó el juicio por la inasistencia de la fiscal.
“Reconocemos la fuerza y la lucha de Imelda para recuperar su vida y llamamos al Estado de El Salvador a garantizar condiciones para un juicio justo, independiente y en consideración de los hechos y los estándares internacionales en materia de derechos de las mujeres y su debido proceso”, dicta el comunicado de CEJIL.
Según la información emitida por el Tribunal, la audiencia fue suspendida porque la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud en la que indicó que la fiscal asignada al caso no podía presentarse por problemas de salud.
Ante la petición, el juzgado reprogramó el juicio para el 17 y 20 de diciembre, el cual será abierto al público.
“Las organizaciones denunciamos que las deudas que El Salvador tiene con Imelda, y con las mujeres criminalizadas por situaciones de naturaleza similar son graves. El caso de Imelda refleja nuevamente la criminalización de las mujeres, aquellas que viven en pobreza y excluidas en El Salvador por tener emergencias obstétricas”, manifiesta la declaración.
En el escrito también denuncian la falta de investigación por parte de la FGR, cuyas acusaciones, afirman están fundadas en “estereotipos patriarcales y presunciones sin asidero fáctico”.
El caso fue desarrollado en su primera etapa por el Juzgado de Primera Instancia de Usulután, el cual determinó enviar el proceso a etapa de sentencia en septiembre de este año.
La acusación de la Fiscalía se sustenta, en que el 17 de abril del 2017, la joven buscó ayuda médica en el Hospital Nacional de Jiquilisco, por un supuesto sangrado excesivo. Luego de ser atendida, la doctora le diagnosticó un parte fuera de las instalaciones, al que la imputada dijo desconocer.
El centro hospitalario alertó el caso a la Policía Nacional Civil (PNC), quienes procedieron a inspeccionar la casa de la acusada, en el cantón El Paraíso de la jurisdicción de Jiquilisco. Según la Fiscalía, lograron rescatar a la recién nacida que había sido abandonada al interior de una fosa séptica.
De ser declarada culpable, la joven podría enfrentar 20 años de cárcel por el delito de aborto.
Las organizaciones explican que Cortez fue víctima de violaciones desde los 12 años por parte de su padrastro. Además de estar expuesta a la pobreza extrema y vulnerabilidad social.
