El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, decretó medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000 al empresario de transporte Catalino Miranda, acusados por el delito de venta a precio superior.
La jueza no entró a conocer el caso de su hijo, Adalberto Antonio Miranda Zepeda, por estar ausente y resolverá posteriormente mediante la revisión del expediente.
“A finalizado la audiencia y el juzgado resolvió pasar a la siguiente etapa en virtud que ha considerado que se cuenta con los elementos indiciarios tal como se exige en esta etapa para considerar que ha existido el delito que se ha mencionado y que el señor Catalino Miranda ha participado en el mismo”, dijo una fiscal del caso.
La Fiscalía General de la República dice que ambos son los responsables de haber incrementado la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas.
El ministerio público detalla que presentó la segunda acusación en contra de Miranda tras denuncias hechas por pasajeros de esas dos rutas quienes se quejaron del aumento en el pasaje.
Según la Fiscalía, existen suficientes pruebas que vinculan a los procesados en el incremento ilegal del pasaje de las rutas que operan bajo la Sociedad ACOSTES de El Salvador.
En la acusación el ministerio público dice que los conductores de las unidades estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) les había autorizado $0.20, de ese aumento Miranda y su hijo estaban enterados señala la representación fiscal.
El pasado 18 de marzo, el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, mandó a prisión a Catalino Miranda, por el delito de desórdenes públicos, mientras que por resistencia el proceso pasó a la segunda etapa del proceso sin ninguna medida.
Ante esa nueva acusación, la defensa de Catalino ha señalado que no se configura el delito. “Le han puesto algo más para mantenerlo más tiempo en detención, la acción anti jurídica que pudiese ser declarado culpable no existe en este tipo de diligencias, es más, el requerimiento dice que tuvieron aproximadamente 100 denuncias en un call center que es del Vicemimisterio de Transporte y fueron a verificar, en todo ese tipo de circunstancias no hay una tan sola persona en la acusación que diga ‘a mi me cobraron tanto’ eso no existe”, mencionó el defensor, Rolando Aparicio.
La representación fiscal vincula a los dos imputados con este delito porque ellos tienen el poder de decisión en dicha empresa y acceso a la administración y recepción de dinero producto de esa actividad.
Según Aparicio, la Fiscalía ha señalado que los fondos secuestrados en el allanamiento realizado en las instalaciones de la cooperativa es producto del alza del pasaje. “Risiblemente dicen que los fondos que se secuestraron el día del allanamiento que ascienden a $186,000 es producto de esa alza que se cobró, es risible. Sin embargo, uno es respetuoso de la ley y tenemos que defender sobre eso”, dijo el defensor.
