Fueron asesinados la madrugada del 16 de noviembre de 1989 en el lugar donde vivían e impartían clases. Su muerte generó el repudio de miles y el alivio de otros que se sentían amenazados por sus enseñanzas, en la actualidad, los sacerdotes jesuitas representan una puerta hacia la justicia para las víctimas de la guerra que afectó a El Salvador (1980-1992).
El asesinato de los seis curas de la Compañía de Jesús y dos de sus colaboradoras sucedió en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y fue perpetrado, según la Comisión de la Verdad, por militares de la Fuerza Armada salvadoreña.
En el país donde murieron las autoridades no actuaron a favor de la justicia, la Ley de Amnistía blindó a los hechores; razón por la cual un juez de España, Eloy Velasco, a petición de los familiares de los Jesuitas de nacionalidad española, inició una lucha desde el 2011 para que los supuestos culpables sean capturados y extraditados.
Después de años de luchas legales cuatro de los 17 exmilitares solicitados fueron capturados el pasado 5 de febrero, el mismo día que se conoció que Estados Unidos había aprobado la extradición hacia España del excoronel Inocente Montano uno de los acusados por el crimen.
Ahora la petición de defensores de los derechos humanos que busquen y capturen a los prófugos y que las autoridades competentes den paso a la extradición de los militares retirados que fueron capturados. Los detenidos son el exsargento Tomás Zárpate Castillo, excoronel Alfredo Benavides Moreno, exsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, y Ángel Pérez Vásquez.
“A nosotros nos interesa que se dé la extradición porque es un caso que ha dejado mucho dolor y muchos familiares que son víctimas. Nosotros como familiares de las víctimas de la guerra sentimos ese dolor de cualquiera que sea, en ese sentido ya es tiempo que se haga justicia y se haga la extradición para que alcance la justicia, sino no avanza, por eso pedimos a la Corte (Suprema de Justicia) que extradite a los capturados”, dijo Guadalupe Mejía, del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos “Marianella García Villas” (CODEFAM).
Mejía, una de las mujeres que ha luchado desde hace más de 30 años por saber dónde está su hermano y quien mató a su esposo, señala que la guerra que sufrió El Salvador durante doce años aún sigue presente en la vida de miles de familiares de las víctimas que no pueden olvidar ese dolor porque la justicia parece haberles dado la espalda y el Caso Jesuita es “una luz en el camino hacia la verdad”.
“Si esto se logra (La extradición), se abre la puerta de los otros casos, porque acá no ha habido ningún caso emblemático parea que se abra la puerta para los demás, en ese sentido es importante que eso se tome en cuenta”, enfatizó Mejía.
De igual forma, para el director ejecutivo de la Asociación Pro-Búsqueda, Eduardo García, llevar a cabo la extradición sería estar “cumpliendo con el reconocimiento de la verdad y dar acceso a la justicia a las víctimas”.
“Exmilitares son inocentes”, dicen familiares
Por otro lado están los familiares y amigos de los militares retirados quienes aseguran que los acusados están siendo víctima de una persecución política y han pedido a las autoridades que no acaten la petición de España y dejen a los exmilitares en libertad y cesen la búsqueda de los que se encuentran prófugos.
Una de las familiares de los exmilitares dijo en ocasión anterior durante una marcha en defensa de los capturados que solicitan al “al juez (Eloy Velasco) que no se meta en cosas de nuestro país, que el vea de su país, que nosotros vamos acá a solucionar nuestros problemas. Esto ya fue juzgado, ya se dijo no hay capturas, sin embargo se hicieron el 5 de febrero. Nadie resuelve nada. Y es por eso que nosotros como familia estamos acá para exigir la libertad de los militares”.
El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y 28 de septiembre de 1991, y el proceso dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993. Sin embargo ese juicio ha sido calificado por las organizaciones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) como fraudulento. De igual forma fue catalogado por Velasco.
Por su parte el coronel retirado y también exdiputado, Sigifredo Ochoa Pérez, señaló que a los exmilitares se les acusa y persigue “cuando nosotros lo que hicimos fue cumplir con la Constitución, acuérdese que las decisiones políticas las dan los políticos, la FAES ejecutó precisamente eso”.
Para Eduardo García, de Pro-Búsqueda, las diferentes opiniones son válidas en este proceso, pero instó a las autoridades pertinentes a que apliquen la legislación, de manera que se ciña “a la ley y no al cometario de defensores y acusadores”.
España agradeció captura de exmilitares
Recientemente España, por medio del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, agradeció la captura de los cuatro exmilitares y “esperamos que el proceso continúe y que se haga posible que llegue a término por el procedimiento judicial que los dos países respetamos”.
El ministro español fue enfático en decir que este “es un tema que deberá resolver las autoridades judiciales de los dos países, los del ejecutivo nos limitamos a transmitir la peticiones de uno y otro poder judicial”.
Hasta el momento el consejo de ministros español ha acordado solicitar la extradición de los detenidos para que sean juzgados en España por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad, tal y como pide el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
García-Margallo expresó que “l crimen que se cometió el 16 de noviembre de 1989 contra seis jesuitas y dos salvadoreñas es un crimen que permanece vivo en la memoria del pueblo español y del pueblo salvadoreño. La comisión de la verdad (1993) determinó con claridad la autoría del crimen".
En la guerra salvadoreña (1980-1992) murieron más de 70.000 personas, 8.000 desaparecieron y más de un millón fueron refugiados. Ni militares ni guerrilleros han sido enjuiciados por los crímenes de lesa humanidad que cometieron por estar vigente una amnistía general desde 1993 que los protege.
