La Cámara Tercera de lo Penal ordenó que el caso donde la abogada Bertha María Deleón Gutiérrez es acusada por desobediencia a terceros, pase a la etapa de instrucción sin ninguna medida cautelar.
El 24 de noviembre, el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador había sobreseído definitivamente a Deleón, pero el 14 de diciembre la Cámara aceptó un recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), en el cual solicitaba que se eliminara la resolución y se instalara nueva audiencia.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que decrete reserva total de las diligencias y del proceso basándose en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).
El delito atribuido a Deleón, está establecido en el artículo 338 y dice que “el que desobedeciere una orden dictada conforme a la ley y emanada de un funcionario o autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con prisión de uno a tres años y multa de cincuenta a cien días multa”.
Deleón fue denunciada públicamente de haber mentido en el trámite para llevar a su hija hacia Estados Unidos, esto lo informó por redes sociales Roberto Carlos Navas, expareja de la imputada y padre de la menor de edad.
Navas expresó el pasado 25 de septiembre que su expareja no le había permitido comunicarse con su hija desde el 31 de agosto desde 2021.
En septiembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a El Salvador que implementara las medidas necesarias pars proteger la vida e integridad de Bertha María Deleón, ya que consideró que ella se encuentra en una situación grave y de alto riesgo.
Uno de los magistrados que firmó la resolución es Carlos Alberto Iraheta Zelaya, presidente de la misma y quien ha decretado otras resoluciones controversiales. Entre ellas, revocó el arresto domiciliario que había decretado la misma Cámara semanas antes (cuando él aún no estaba) y decretó detención provisional para el imputado. Lo mismo sucedió con el caso Asocambio, cuando decretó detención provisional contra los capturados, cuando antes un juzgado les había decretado medidas alternas a la detención.
