Escribimos desde nuestro trabajo en acompañamiento directo a víctimas de violencia generalizada y diversas violaciones de derechos humanos. Ante la elección de Nayib Bukele como el nuevo presidente de El Salvador, hemos recopilado una serie de recomendaciones urgentes, en materia de derechos humanos, acceso a la justicia y prevención de violencia. Bukele llega a la presidencia en un momento histórico y sumamente democrático, donde el electorado ejerció un poder sin precedente en el país y el presidente electo tendrá la oportunidad de impulsar muchas iniciativas en bien de la población salvadoreña. En el afán de marcar diferencia con las políticas de administraciones anteriores en materia de derechos humanos, compartimos las siguientes recomendaciones.
Garantizar el cumplimiento de sentencias recientes de la Sala de lo Constitucional en materia de derechos humanos: la derogación de la ley de amnistía, el reconocimiento de desplazamiento forzado y las condiciones infrahumanas en centros penales debe ser una tarea prioritaria. Cumplir las obligaciones del órgano ejecutivo en dichas sentencias, fortalecerá el orden democrático del estado. Este será un legado de respeto por la independencia y balance de poderes, un estándar con el que la población evaluará a futuros mandatarios.
En materia de prevención de violencia, será importante la implementación integral del Plan El Salvador Seguro (PESS). El gobierno de Sánchez Cerén implementó este programa de manera selectiva, priorizando una estrategia de represión y castigo que desnaturalizó el enfoque integral del plan minimizando actividades imprescindibles de prevención, rehabilitación y asistencia a víctimas. La implementación integral del Plan El Salvador Seguro será una muestra de madurez política, activando de manera permanente Consejo de Seguridad Ciudadano y sus mesas técnicas; fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y de seguimiento
La llegada a la presidencia de Nayib Bukele, puede ser una oportunidad de tomar un nuevo rumbo en la administración de la seguridad. Marcar un antes y un después del pasado autoritario y militarista del país, nombrando cuadros civiles con perfiles que demuestren un compromiso con los derechos humanos y la democracia. Por ejemplo, nombrar a una persona profesional de trayectoria en criminología, sociología, trabajo social o antropología para garantizar trabajo multidisciplinario en la dirección de la PNC y en el Ministerio de Defensa. La aplicación de estas medidas serán las primeras señales que el fin de la post guerra ha comenzado.
Como parte de una agenda transversal de derechos humanos, la figura de comisionado/a presidencial de derechos desempeña un papel loable y ético como canal de diálogo, vigilancia, y denuncia directa entre la realidad de las vulneraciones de derechos humanos que vive la población y las organizaciones sociales. La gestión de María Silvia Guillén ha permitido tener una perspectiva para analizar coyunturas y posiciones de organizaciones de la sociedad civil para frenar tendencias permisivas de violaciones en la gestión del gobierno anterior. Será importante que el presidente electo mantenga la figura del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos durante su gestión.
El presidente electo no puede olvidar una de sus propuestas más atractivas de campaña, con el establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. Siguiendo la experiencia de Guatemala, una CICIES tendría que ser ratificada por la Asamblea Legislativa, no es una decisión unilateral del presidente, pero es necesario que genere los esfuerzos necesarios para su aprobación. Ahora es momento de establecer un CICIES con un mandato de investigación y cooperación en el procesamiento de delitos y fortalecimiento de capacidades de sector justicia igual o mayor de lo de la CICIG en Guatemala.
Para transcender del populismo y programas asistencialistas a cambios estructurales, que exigen la base de apoyo del presidente electo, hay que ir al grano – la distribución inequitativa de los beneficios y cargos derivados de la cooperación social – es decir, la injustica social vista desde el sistema tributario. Una buena parte la popularidad del presidente electo ha sido el hartazgo del electorado con el abuso de poder y privilegios acumulados por la corrupción y abuso de recursos públicos: sobresueldos, partidas secretas, plazas fantasmas y asesores infinitos. El presidente debe movilizar su inmenso poder comunicacional para posicionar el tema de justicia fiscal en la agenda pública, de tal manera que la oposición política a reformas fiscales sea tan inviable políticamente como defender la corrupción.
