Campesinos e indígenas que son parte del Comité Nacional de Agricultura Familiar (CNAF) anunciaron este martes una nueva propuesta de ley que pretende impulsar la agricultura familiar como la base de la soberanía alimentaria y que tomará en cuenta una cuota equitativa entre hombres, mujeres y jóvenes de las zonas rurales de todo el país.
La articulación de todos estos sectores representativos ha permitido formular un marco normativo que no solo está basado en la soberanía alimentaria y nutricional, sino también en la gestión del conocimiento, el acceso diferenciado a bienes y servicios públicos productivos, mercados, comercialización, valor agregado de la producción y la articulación de políticas públicas y programas gubernamentales, entre otros.
Según René Rivera, asesor del CNAF, este proyecto vendría a mejorar todo el proceso de producción y consumo alimentario que hay en el país, además que rescataría y reposicionaría al sector agropecuario como un sector estratégico para el desarrollo nacional.
“No es posible que tenemos tanta riqueza en el país para la producción de nuestros propios alimentos y aun así se siga gastando más en la importación de productos que en la exportación de éstos. Somos el único país de Latinoamérica con esta dinámica”, argumentó.
El Comité ya presentó la propuesta de ley al Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker; sin embargo, aún siguen en la espera de una respuesta sobre la reunión que mantuvieron hace algunos días, debido a que el ministerio está formulando su propia política en el tema.
Sin embargo, Rivera considera que, si bien la formulación de una política no está mal, también es necesario una ley que respalde esa política porque de lo contrario no será bien aplicada ni tendrá un marco legal más fuerte para su cumplimiento.
El Estado, dicen miembros del CNAF, es responsable en el desarrollo de un marco jurídico que oriente y consolide las políticas públicas diferenciadas para el desarrollo de la agricultura familiar y para avanzar hacia un modelo productivo de base agroecológica, resiliente frente al cambio climático, que contribuya al desarrollo económico de todos los sectores y a la equidad e inclusión social, así como a la gestión integral de los paisajes.
“La agricultura familiar no solo genera nuevas oportunidades de empleo, sino también el ingreso y bienestar social para las mujeres que han sido históricamente excluidas en el acceso a los activos productivos y de los espacios de toma de decisión estratégica y para la juventud rural”, señaló Elvia González, de la Asociación Agropecuaria “Mujeres produciendo en la Tierra”.
Como valor agregado, también el CNAF ha tomado en cuenta a los pueblos originarios del occidente del país, al considerar que en ellos está la riqueza ancestral en el trabajo de la tierra y los cultivos. “Ellos poseen no solo el don para trabajar la tierra, sino que también tienen un arte para las artesanías y este proyecto de ley no solo quiere enfocarse en la agricultura, sino también en las artesanías y en todas estas áreas que son parte del proceso”, agrega Rivera.
Por eso, Silverio Morales, originario indígena del pueblo náhuatl pipil, tiene la esperanza de que la Asamblea Legislativa los tome en cuenta y acepte reunirse en las próximas semanas con todo el comité para discutir la propuesta de ley.
“Esto es un poco difícil ahora porque jamás había visto tanta burocracia en la Asamblea. Hemos llegado y se nos pide un montón de cosas, pero no perdemos la esperanza”, comenta González al respecto.
Esta propuesta es el punto de partida de la declaración que en el 2014 hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Decenio para la Agricultura Familiar (2019-2028) y su incorporación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Hasta la fecha, El Salvador aún carece de una ley de soberanía y seguridad alimentaria que potencie el desarrollo de campesinos e indigenas. Organizaciones sociales han solicitado al gobierno de Nayib Bukele tomar cartas en el asunto y discutir nuevamente el tema.
