A pesar de la resistencia el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), David Reyes, para que a los empresarios del transporte público de pasajeros se les dé el subsidio siempre y cuando cumplan con varios requisitos, tal parece que una vez más recibirán dicha compensación económica sin que se vea una mejora sustancial en el servicio que prestan.
Los empresarios han estado presionando porque se les otorgue el subsidio, que desde 2008 se les viene asignando a través de la Ley Transitoria para la entrega de la Compensación Económica y Estabilización de las Tarifas del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros.
Este día tuvieron una reunión en la que fijaron posición y dejaron claro que no están dispuestos a que se les quite ese beneficio; incluso amenazan con aumentar el pasaje. El diputado Reyes, presentó una propuesta en noviembre en la que plantea una serie de condicionantes para que se les entreguen los $400 a los propietarios de buses y $200 a microbuses.
El 11 de diciembre, el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, envió nota a la Comisión de Hacienda respondiendo a una iniciativa de varios diputados que solicitan una reforma a la referida ley.
Los puntos centrales están orientados a mejorar los controles para regular el transporte público y coincide con la propuesta presentada por el diputado Reyes.
El responsable del Viceministerio de Transporte (VMT), reconoce que está a favor de implementar mecanismos de control por medios electrónicos como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y el cobro de tarifa electrónica, pero se debe hacer de manera gradual, validando que los mismos sean de acorde a las capacidades instaladas y operativas del VMT y de los transportistas que deberán realizar cambios e inversiones para preparar las unidades.
Por ejemplo, Castelar sugiere que, cuando se implemente el cobro electrónico el pago del beneficio por pasajero movilizado debería diferenciarse para buses y microbuses.
También propone tipificar las infracciones y la gradualidad de las sanciones consignándolas de manera específica dentro de su cuerpo normativo..
“Adicionalmente, mientras no se haya implementado el Cobro Electrónico no se considera factible regular el pago de la compensación a través del recuento por pasajero movilizado”, dijo el funcionario.
Insistió en que, mejorar los mecanismos para el pago de beneficio de la compensación es fundamental y necesario para garantizar un mejor uso de los recursos del Estado.
Esta ley transitoria, fue prorrogada por los legisladores el 21 de diciembre de 2018 y vence el 3 de enero del venidero año.
“La Comisión de Hacienda debe valorar la conveniencia o no en la emisión de una nueva normativa o la correspondiente prórroga, pero de la manera que se determine, deberían de incorporarse los puntos acotados en el informe”, puntualizó el viceministro de Transporte.
Mientras, el diputado Reyes recalcó que no se le puede seguir dando un cheque en blanco a los transportistas sin que se molesten en ofrecer una mejor atención al usuario.
“Hasta este momento, se les han entregado más de setecientos millones de dólares en concepto de subsidio y lo menos que podemos hacer es exigir que hayan mejores condiciones, atención, unidades y que cumplan con la ley”.
El legislador manifestó que los dueños de las unidades deben instalar GPS con un validador para que el subsidio sea en función de la cantidad de pasajeros que movilicen; es decir, que el subsidio se le debe entregar al pasajero y no al empresario.
Cada unidad también debe tener una póliza de seguro para responder por daños a terceros y que los empresarios cumplan con las prestaciones de ley para sus empleados.
Los empresarios aseguran que el diputado Reyes está generando un caos, a lo que el parlamentario respondió que nadie está hablando de quitar el subsidio; sino de ponerles condiciones mínimas para que presten un mejor servicio y haya transparencia en el uso de los recursos que les da el Estado.
Y es que para Reyes, así como está la ley es un desorden en donde salen ganando muchos empresarios que por ejemplo, tienen 200 microbuses, pero ponen a trabajar solo 50 y cobran el subsidio por 200 y eso, es una estafa y corrupción. “Por eso es que no quieren que se instala un GPS y un validador”, comentó.
Este jueves se conocerá en el pleno si entra el dictamen y en qué términos será redactado o por el contrario, convocan a la Comisión de Hacienda para que prepare un nuevo documento en el que queden plasmados los cambios.