El presidente Nayib Bukele se comprometió a tomar más acciones para procurar la reparación de los familiares de las víctimas de la masacre El Mozote y sitios aledaños (diciembre 1981). Considerada la peor matanza durante una guerra en el siglo XX, en América Latina, en esa tragedia que perpetró el Ejército murieron casi 1,000 personas; la mitad de ellas, menores de edad.
“Vamos a hacer de El Mozote un ejemplo de desarrollo para el país. Vamos a invertir en la comunidad. Vamos a invertir realmente como se debió haber hecho hace mucho tiempo. Le vamos a enseñar al resto del país, y al mundo, que sí se pueden hacer las reparaciones que no se habían hecho en el pasado”, expresó Bukele durante la reunión celebrada en Casa Presidencial.
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Como representante de las víctimas de la masacre, Dorilia Márquez recordó al mandatario la necesidad de impulsar obras de desarrollo social en la zona de El Mozote, principalmente en educación y salud. También hizo énfasis en que se de apertura a los archivos de la Fuerza Armada.
“Queremos que haya ayuda para los jóvenes y los niños, para que no vayan a tomar otros caminos que no convienen. Nosotros queremos justicia y reparación, queremos que entreguen los archivos de los militares que tienen. Agradecemos la voluntad que usted tiene de ayudarnos", expresó Márquez.
Por su parte, Bukele reafirmó que este sector desde un principio “ha sido su prioridad”, por lo que hizo énfasis en que no apoyará “ninguna ley de amnistía" que impida el esclarecimiento de este tipo de casos.
“Las heridas están abiertas: queremos cerrarlas. Pero no se cierran ocultándolas, o poniéndoles un velo encima, sino encontrando la verdad. Que haya no solo resarcimiento a las víctimas, sino que los culpables paguen por lo que hicieron”, enfatizó Bukele.
Como parte de esta iniciativa del nuevo Gobierno, el ministro de Gobernación, Mario Durán y la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, visitarán la zona del Mozote este próximo miércoles.
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Según los archivos de la Comisión de la Verdad, la masacre del Mozote tuvo lugar entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. En ella intervinieron miembros de las unidades pertenecientes al Batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por este crimen de guerra y lo responsabilizó por lo que sucedió, durante un proceso que llevó a esta sentencia en 2012.
Un censo publicado en 2017 por el Gobierno cifró el número de víctimas de la masacre en 986 personas, de las cuales 552 fueron niños y 434 adultos.
