Nayib Bukele, presidente de la República, acusó al gobierno anterior de habilitar polígonos de tiro a estructuras delincuenciales, para que entrenaran a varios de sus miembros en el uso de diferentes armas de fuego.
Para el gobernante, este caso es grave debido a que los sujetos estaban siendo capacitados, para cometer ataques letales en contra de la población salvadoreña.
"Pusieron a criminales a practicar de como dispararle en la cabeza y en el corazón a los salvadoreños, no me digan qué estaban enseñando defensa propia, eso es el gobierno anterior", expresó.
Además, señaló que esa administración les dio la dotación de uniformes de la PNC y Fuerza Armada a los delincuentes, para que se disfrazaran y eliminaran a la ciudadanía salvadoreña.
“Acá los entrenaron a matar, me da tanta rabia porque ni siquiera les regalaron casas o les hubieran dado dinero y todo eso había sido crímenes, pero no, les enseñaron a matar y les entregaron los instrumentos para comprometer a la gente ¿Para qué? Para violar mujeres, matar familias ”, reiteró.
El mandatario aseguró que un funcionario de su gabinete de seguridad fue quien dio los detalles de esta situación, lo que le dio indignación porque una persona civil "cualquiera" estaría "pudriéndose en la cárcel" por haber cometido el 1% de estas acciones
Agregó, que si esto pasara en Guatemala a estos exfuncionarios les "hubieran dado fuego".
A lo que hace referencia Bukele, es a los casos que reveló el Juzgado Especializado de Sentencia "A" en la condena de 373 mareros a penas que van desde 4 a 74 años de prisión, quienes fueron capturados en el "Operativo Cuscatlán".
En esa ocasión, el juez instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar a los políticos y exfuncionarios que fueron grabados en video negociando con delincuentes, para obtener el favor electoral en las votaciones presidenciales de 2014 y en las alcaldes y diputados de 2015.
A esto se suma, que el Ministerio Público posiblemente habría cometido omisión de investigación, por no procesar a los políticos detectados en este caso pese a que hay indicios de que habrían cometido delitos como peculado, fraude procesal, fraude electoral e incluso lavado de dinero.
Los acusados son el exministro de Defensa, David Munguía Payés; el exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt; el exdiputado de ARENA Roberto Angulo; el exgobernador del gobierno del FMLN, Arístides Valencia; el exministro de Justicia, Benito Lara; el diputado de Arena, Norman Quijano; el expresidente del COENA, Jorge Velado y el fallecido exalcalde de Ilopango, Salvador Ruano.
En función de la transparencia del caso, el juez ordenó que se proyectaran unos videos a la prensa para que pudiera observar a los políticos que actúan esta acción que se señala.
En la grabación se observa que Norman Quijano le ofreció los delincuentes instalaciones militares para rehabilitación y destinar $ 100 millones a las alcaldías para que se invirtieran en la recuperación de territorios.
Mientras el alcalde Muyshondt admitió que se reunió con los mareros con el objetivo de favores electorales.
Sin embargo, el funcionario negó todo tipo de señalamiento en una entrevista reciente que Contrapunto le hizo.
Mientras audios obtenidos por intervenciones a los dispositivos telefónicos de los pandilleros revelaron que cabecillas de la MS se comunicaron con los funcionarios como el exministro de Defensa, David Munguía Payés; el exministro de seguridad, Benito Lara, "Howard", el "jefe de los azules". Ante esto, el juez dijo a Fiscalía que investigue quién es Howard.
En los tipos de tratos que se logran escuchar en los audios, son por ejemplo, dar uniformes de la Fuerza Armada a los delincuentes para que estos los usaran en sus fechorías.
Ante esta situación, el juzgador calificó como "gánster" a los políticos debido al tipo de acciones en las que han sido detectados.
“En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánster pandilleros y los gánster políticos”, dijo el juez sobre las políticas de políticos con la MS-13.
