Pasada la página de las dictaduras militares en Latinoamérica y los conflictos internos, se abrieron posibilidades al empuje de condiciones democráticas y de estabilidad en la mayoría de países. Organismos como el Fondo de Naciones Unidas para la Educación, Ciencias y Cultura, UNESCO, planteó en el 2005 la necesidad de una relación directa entre buen gobierno y medios de comunicación, en tanto el primero está vinculado estrechamente al acceso a la información.
Pasar la página en El Salvador implica episodios como los ocurridos en los setenta. Por muy democrático que se auto proclamara un medio de comunicación, era impensable que publicara contenidos desde la perspectiva de la izquierda, o habían tratos desiguales respecto a otros sectores, como la exigencia de dejar copia del documento de identificación o erogar más fondos en los llamados campos pagados; era la tónica en pleno auge de gobiernos militares, y no había espacios; los que existieron fueron cerrados a fuerza de amenazas, intimidaciones, ataques dinamiteros y homicidios.
En el pasado reciente se hacían nexos de determinados medios con alguno de los bandos en conflicto. En la post guerra hubo asomos de que se respirarían nuevos aires en el periodismo, pero fueron forzados a disolverse, y algunos experimentos no llegaron a consolidarse, como suplementos de investigación y revistas de análisis coyuntural, que sin embargo, marcaron época y dejaron en claro que aspiraban a llegar muy lejos.
UNESCO plantea que el rol de los medios de comunicación es importante para promover el buen gobierno. Existe una cuota que debe pagarse: que los periodistas cuenten con la libertad de supervisar, investigar y efectuar críticas de las políticas y acciones de la función pública. La existencia de medios independientes es una señal que se debe seguir cuando no hay algo que se quiera ocultar. Es un nexo concreto entre el buen gobierno y los medios de comunicación; ahora bien, la dimensión de buen gobierno es ajena a la lógica de “qué bueno soy, ya ven, hago obras para el pueblo”. No es así porque esas obras son inherentes al mandato recibido, eso sí por mandato popular.
No es un asunto que privilegie a los medios. No, se trata de que estos se convierten en vehículos para que la población haga controles y evalúe los actos del gobierno, con argumentos, documentos y haciendo uso de instrumentos, como leyes de acceso a la información. Venimos de años de oscuridad, de una época en la que el mismo gobierno decía que “la mejor ley de acceso es la que no existe”. El foro de debate que suponen las prácticas de buen gobierno con el componente de acceso a información da resonancia a las preocupaciones públicas.
Existe una tendencia frecuente por parte de los gobiernos de elaborar leyes o usar mecanismos oficiosos para ocultar actividades al público. También es común que pongan información a disposición de medios considerados afines, a condición de que no brinden otras perspectivas; prácticas contrarias a la transparencia, uno de los elementos del buen gobierno.
Para que los medios sirvan al interés público es fundamental que los gobiernos brinden protección a la independencia de su funcionamiento, y dar paso a la expresión de puntos de vista diferentes. Una de las formas es mediante la participación. Si los medios cuentan con libertad los ciudadanos pueden utilizarlos para manifestar su acuerdo o desacuerdo con las acciones públicas; y para contar con insumos que no son abordados en los canales oficiales, marcados por lo general con agenda propagandística y no información de interés público. Esta es una responsabilidad importante que brinda a los medios aportar al proceso participativo, sobre todo en las áreas donde es imposible la participación presencial. Una oportunidad que no debe ser desperdiciada.
