Brasil: exceso de fuerza o crimen organizado con músculo

Por Alonso Rosales.

El reciente operativo policial en los favelas de Complexo do Alemão y Penha, en la ciudad de Rio de Janeiro, deja al menos 132 personas muertas, cifra que marca un hito trágico en la historia de las intervenciones del Estado brasileño. La operación—que involucró unos 2.500 efectivos policiales y militares—se presentó como un ataque estratégico contra la poderosa organización criminal Comando Vermelho, pero ha generado un manto de duda: ¿se trató de una intervención legítima contra el crimen o de un nuevo capítulo de impunidad estatal?

1. Los hechos en pocas líneas

El gobierno del estado de Río de Janeiro calificó la acción como “la mayor operación de su tipo” dirigida a neutralizar a “narcoterroristas”. Por otro lado, comunidades locales y organizaciones de derechos humanos denunciaron que el dispositivo fue una auténtica masacre: cuerpos alineados en calles, personas sin identificación, heridas de ejecución. El número final de víctimas aún es impreciso, pero ronda e incluso supera el centro de las tres cifras.

2. La interpretación desde la óptica policial

Desde la versión oficial policial, se argumenta lo siguiente:

• Una organización criminal fuertemente armada, con túneles, drones, autobuses usados como barricadas, había consolidado control territorial en la zona.
• La operación fue planificada durante meses como parte de la estrategia de seguridad para recuperar el control del Estado sobre espacios dominados por el crimen.
• Según las autoridades, muchos de los muertos “resistieron” y se encontraban armados; algunos policías perdieron la vida en los enfrentamientos.
  Desde esta óptica, la intervención se presenta como un acto de defensa del orden público, una guerra contra el crimen organizado que ha logrado penetrar estructuralmente en vastas zonas de pobreza.

3. El lado oscuro: denuncias de abuso y responsabilidad

No obstante, la actuación estatal no está exenta de crítica severa:

• Organismos como Amnesty International y Human Rights Watch advierten sobre un patrón de letalidad excesiva de las fuerzas de seguridad en Brasil, declaró que “la erosión profunda y generalizada” de la confianza en la policía hace que las comunidades marginadas se sientan en guerra.
• Las investigaciones suelen ser internas, conducidas por las propias policías, lo cual compromete la imparcialidad.
• En este caso en particular, los informes de cuerpos hallados en un bosque, torturados o ejecutados, han encendido alertas de intervención extrajudicial.
• Esta intervención ocurre en un contexto en que las estadísticas muestran un marcado crecimiento de muertes provocadas por operaciones policiales en el país.
  Por tanto, la crítica es que estamos ante un posible uso desproporcionado de la fuerza estatal, con víctimas mayoría jóvenes, pobres y negras, que viven en favelas: zonas que tradicionalmente han sido objeto de políticas de excepción.

4. La posición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del Estado federal

El Ejecutivo federal, encabezado por Lula da Silva, reaccionó con sorpresa y afirmó que no había sido informado con antelación sobre la magnitud de la operación. El gobierno manifestó “horror” ante el número de muertos y anunció que podría desplegar fuerzas federales para supervisar la seguridad en Río.
Sin embargo, la intervención estatal planteó un dilema para el presidente: mientras se apunta contra el crimen organizado —alineado con su discurso de seguridad— debe al mismo tiempo sostener su compromiso con los derechos humanos, que históricamente ha sido parte de su plataforma política. El hecho ocurre además poco antes de importantes citas internacionales de Brasil, lo que agrega una dimensión diplomática.
Así, la dualidad se vuelve evidente: mano dura contra el crimen versus garantía del Estado de Derecho y dignidad humana.

Según  analistas, considero que estamos ante un fenómeno híbrido: no es completamente uno ni otro, sino una confluencia peligrosa de ambos.

• Era legítimo que el Estado actuara contra el comando criminal que controlaba territorios y generaba caos. La presencia de grupos como el Comando Vermelho exige una respuesta seria.
• Pero lo que ha ocurrido parece trasponer los límites de la intervención estatal en una democracia. La muerte de más de cien personas —sin claridad en la identificación de víctimas, sin transparencia, con denuncias de ejecuciones— abre el riesgo de convertir la operación en un crimen con disfraz de estado.
• El peligro aquí es estructural: cuando la policía se convierte en brazo armado sin control judicial real, en la práctica se convierte en actor autónomo de violencia, lo que refuerza la impunidad, legitima la venganza y erosiona la justicia.
• Además, la segmentación social y racial de los afectados es evidente. Esto se combina con políticas de seguridad que imprimen “músculo” pero no instituyen mecanismos sólidos de rendición de cuentas.

Por tanto, la frase del titular —“Brasil: exceso de fuerza o crimen organizado con músculo”— es precisa, como síntesis de un momento crítico. Si el Estado quiere ser fuerte y justo, debe articular ambas dimensiones: efectividad contra el crimen y respeto incondicional a los derechos humanos. Si no, corre el riesgo de que la frontera entre orden y barbarie se difumine.

6. Qué esperar y qué hacer

• Es indispensable una investigación independiente, con organismos que no dependan de la propia policía, para establecer responsabilidades y reconstruir los hechos.
• Debe abrirse un debate profundo sobre la política de seguridad en Brasil que vaya más allá del enfoque de “mano dura”: qué inversiones se hacen en prevención, justicia, educación, rehabilitación.
• El gobierno de Lula tiene la oportunidad de revisar la operativa de las fuerzas de seguridad, incluir mecanismos de supervisión, cámaras, protección de testigos, transparencia activa.
• Para la comunidad internacional y organismos de derechos humanos, este caso configura un test: ¿Brasil estará a la altura de comprometerse con su marco constitucional y con estándares globales de derechos humanos?
• Finalmente, la sociedad civil y las víctimas tienen que ser parte del proceso, no solo como estadísticas, sino como sujetos de justicia: verdad, esclarecimiento, reparación.

Lo ocurrido en Río de Janeiro es una tragedia que debe leerse en clave de Estado: no basta con aplastar al enemigo interno si eso implica sacrificar los propios principios democráticos. El crimen organizado no se combate provocando otra forma de organización criminal desde el Estado.
El presidente Lula da Silva y su gobierno enfrentan una encrucijada: demostrar que la seguridad puede ejercerse con legalidad, transparencia y humanidad, o bien rendirse ante la lógica de la fuerza bruta —y con ello, perder el alma de una democracia que pretende gobernar para todos.