El Ministerio de Justicia y Seguridad junto con la Dirección General de Centros Penales (DGCP), iniciaron una campaña de borrado de todo tipo de grafitis que se refiera pandillas en los centros penales, y son los mismos reos quienes están pintando las paredes. La acción está enmarcada en el Plan de Control Territorial iniciado por el Ejecutivo el 20 de junio.
Las autoridades advirtieron que si los internos vuelven a manchar las paredes serán castigados y no podrán salir de sus cárceles.
Pero no solo eso. Por ejemplo en el Centro Penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, hubo una campaña de aseo y limpieza de celdas para evitar focos epidemiológicos, informó el director de Centros Penales, Osiris Luna. Además, se están llevando a cabo jornadas médicas en las penitenciarías diseminadas en todo el país.
“Ahora en ningún centro penal se permitirá que en las celdas existan grafitis alusivos a pandillas. Los mismos privados de libertad son los responsables de la limpieza de sus celdas“, precisó Luna.
El titular de Justicia, Rogelio Rivas dejó claro que en ningún penal se permitirá que existan grafitis alusivos a las pandillas.
“Ahora en los centros penales del país habrá control, orden y disciplina. Pondremos a producir a los privados de libertad para que devuelvan una parte del daño que hicieron a la sociedad”, reiteró Rivas.
Las autoridades están verificando los avances de la campaña e informaron que solo se les permite a los privados de libertad objetos de higiene. También por norma, deben tener sus celdas limpias.
En cuanto a las campañas médicas de salud, estas serán constantes en el Sistema Penitenciario para prevenir enfermedades y evitar epidemias. La seguridad y la salud se tratarán integralmente en el Sistema Penitenciario.
Otro punto que trataron las autoridades de Justicia y Centros Penales, es que están quitando los mandos de estructuras criminales instalados desde la época de la tregua.
Este pacto entre gobiernos anteriores y pandilleros desató una gran polémica. Fue un proceso de diálogo que el Gobierno del expresidente Mauricio Funes, que recientemente adquirió la nacionalidad nicaragí¼ense, estableció entre el 2012 y 2013 con los líderes de estas estructuras criminales para bajar los homicidios a cambio de beneficios penitenciarios.
En agosto de 2017, inició el juicio contra 18 personas implicadas en formar de ese pacto con las maras. Entre los imputados se encuentra el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda; y el exmediador del proceso Raúl Mijango.
A los 18 imputados, la Fiscalía General de la República los acusa por los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros de detención o reeducativos, Falsedad ideológica e Incumplimiento de deberes.
En mayo de este año, un Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador, exoneró a los implicados en este caso.
