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sábado, 25 de septiembre del 2021

Bernabéu: El Salvador debe reabrir caso Jesuitas

La abogada española señala que si los exmilitares no son extraditados El Salvador está obligado a juzgarlos

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El destino de los cuatro exmilitares detenidos en El Salvador por su supuesta vinculación en la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989 parece estar dictado: no serán extraditados. Ante esta posibilidad, la abogada española, Almudena Bernabéu, expresó que si El Salvador niega la extradición a España está en la obligación de juzgarlos, más ahora que la Ley de Amnistí­a ha sido declarada como inconstitucional.

El pasado 17 de agosto trascendió en medios nacionales que el pleno de la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) habrí­a negado la extradición de los exmilitares detenidos el pasado 5 de febrero por la Policí­a Nacional Civil (PNC) en cumplimiento a la segunda difusión roja emitida por la Audiencia Nacional de España en contra de exmilitares implicados en el asesinato de los religiosos y dos de sus colaboradora.

Entre los capturados están el excoronel Guillermo Benavides, los exsargentos Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo  y el excabo Ángel Pérez Vásquez. 

Bernabéu, quien es representante legal de los familiares de los sacerdotes asesinado, explicó los posibles escenarios legales que podrí­a tomar el caso de los sacerdotes Jesuitas si El Salvador niega por segunda ocasión la extradición hacia España de los militares retirados. La primera fue negada en 2011 cuando la Corte determinó que no procedí­a la detención con difusión roja girada por Interpol contra los exmilitares.  

¿Qué sucederí­a al negar la extradición de los exmilitares?

Al negar la extradición en un contexto nacional en el que se ha declarado inconstitucional la Ley de Amnistí­a  ellos (los magistrados de la CSJ) tendrán que dar explicaciones;  espero que así­ salga razonado por parte de la Corte: que está amparado bajo el principio internacional “aut dedere aut judicare” lo que significa que si no extraditas, debes de juzgar, actualmente  no existe impedimento alguno para juzgar a estos tipos.

Ahora (los exmilitares) deberí­an pasar a la cárcel “A”, donde están detenidos por solicitud de la corte española,  a la cárcel “B”, donde estén detenidos en función de una orden de arresto salvadoreña, ese es el tratamiento de un criminal cuando decides no extraditarlo.

Es de recordar que hasta ahora no se ha cumplido la orden de ubicar y arrestar al resto de militares. De manera unilateral las autoridades salvadoreñas deciden que está bien arrestar a los soldados de poca monta y al coronel Benavides, pero con los hechos demuestran que no está bien detener a los generales. Pero es que se están riendo, el único paí­s que se cree todo lo que están haciendo es El Salvador y lo digo con todo respeto que le tengo a este paí­s.

¿La Corte está actuando bien?

Creo que la Corte está haciendo lo que debe, pero creo que cada vez está liando más la madeja, me encantarí­a ver como salen de esto.  (“¦) Ahora hay dos pasos que deben seguir: uno, arrestar en base a la legislación salvadoreña y mantener en la cárcel a estas personas para procesarlas nacionalmente; y dos,  cumplir con la obligaciones de ubicar y arrestar al resto de los imputados cuyas solicitudes fueron hechas por España y que están en absoluta libertad y a los que se le está protegiendo.

Luego deben abrir un proceso contra todos los que, de acuerdo con la investigación realizada en España con profesionalidad y prueba obrante en juicio, son responsables directos e indirectos y que están todos en El Salvador. Y aún más el juez de instrucción o a quien le corresponda que le pida de forma rogatoria todas las pruebas al juez español y yo te aseguro que España con gusta va compartirla.  

¿Qué otro papel podrí­a tomar ahora la Audiencia Española, existe otro recurso para pedirlos?

A estos en concreto no. Pero es de recordar que en estos momentos la audiencia en el caso de España está abierta porque estamos a la espera de la extradición desde Estados Unidos del coronel Inocente Orlando Montano -que si Dios quiere- cumplirá con sus obligaciones y lo enviará a  España donde será juzgado;  entonces el caso por supuesto continúa y la investigación sigue y esperamos que la fase del juicio oral se abra tal y como está previsto.

Pero en relación a la solicitud de extradición hecha a El Salvador, misma que España ha formulado dos veces en función de los cambios de jurisprudencia y de legislación generados por la Corte Suprema de Justicia, España ha hecho  todo lo que deberí­a de hacer, darle dos oportunidades reales al estado salvadoreño  de extraditar o de juzgar.

¿Por qué era más fácil la extradición?

Porque se quitaban un problema de encima, porque le daban el trabajo a los tribunales españoles, sé que esa es una manera muy simplista de ponerlo y que siempre desde el punto de vista de la soberaní­a y de otros niveles de nacionalismos es duro entregarle tus nacionales a otro paí­s, pero los tratados internacionales y la cooperación internacional se concibieron para eso, para que si tú no puedes bajo alguna circunstancia llevar a cabo el trabajo, en este caso el juzgamiento para tus criminales, se los des a otros (“¦) solicitando el derecho de juzgar en España se estaba aliviando una obligación dura para El Salvador que es juzgarlos en casa.

Donde tiene que haber justicia es en El Salvador. Pero irónicamente la oportunidad en España era para juzgar sin agitar las cosas en casa, pero bien la Corte Suprema ha tomado una decisión valiente que es la no extradición; pero lo que tiene que entender la gente en El Salvador, y es muy importante,  es que esta decisión no es para evitar un problema sino que es para enfrentar una realidad absolutamente necearí­a e inminente y es juzgar a estas personas en los tribunales salvadoreños.

¿Es ahora el reto de la Corte, más con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a?

No solo el reto, se convierte en la obligación formal y España como paí­s puede exigir responsabilidades y garantí­as de que efectivamente que se va enjuiciar.

Yo voy a instar a la Audiencia Nacional, como abogada de los familiares de los jesuitas, a que exijan garantí­as de que se cumpla el principio “aut dedere aut judicare”, es decir que si no me los das, los juzgas en tu casa. Esa es la obligación que acaba de adquirir formalmente con esta decisión el Estado salvadoreño.

No es una sorpresa, yo creo que se barajaba más esta posibilidad. Es interesante porque si esta negación se hubiera hecho, como ocurrió en 2011, sin que se hubiera hecho sin la declaración de inconstitucionalidad la Ley de Amnistí­a estarí­amos ante una estricta impunidad y un deseo de hacer valer una ilegalidad en El Salvador. Que esta negación se produzca a posteriori de la inconstitucionalidad nos pone en un escenario distinto y de esperanza.  

Esto trae uno pasos “a, b, c” muy claro y empieza por el arresto, espero que del resto de los imputados, lleve a la reapertura del caso, que estos arrestos se extrapolen al proceso nacional y que se lleve a un proceso judicial y penal contra estos tipos.

Por lo menos por quienes están detenidos en El Salvador podrí­an alegar el doble juzgamiento, puesto que ellos fueron a juicio en 1992.

Si alegan el segundo juzgamiento, solo  aplicarí­a a los detenidos a Benavidez y a los tres soldados, pero de ninguna manera aplica a los miembros del alto mando del ejército que están siendo señalados. Esta decisión de no extradición no es solo de los cuatro detenidos, el problema es que El Salvador viola o ignora el llamado cuando no detiene a los generales, pero en contra de ellos no hay cosa juzgada.

¿De no ser extraditados, y con la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistí­a, se convierte esta en una oportunidad de justicia?

Sin duda nunca va a tener la oportunidad tan propicia en un contexto de post firma de los Acuerdos de Paz de poder hacer bien las cosas y sin alterar lo que se logró en el pasado, como ahora. Eso pasa porque ciertos procesos pasen por los tribunales, que haya investigaciones y que haya un proceso que identifique quienes son los responsables, cuáles fueron las circunstancias, las ví­ctimas, que se haga un proceso real. No ha habido desde 1993 ninguna otra oportunidad más propicia de hacer justicia que esta.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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