Durante la sesión de trabajo de la Comisión Financiera se recibió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, quien presentó tres propuestas de ley que pretenden regular, según el manejo de activos, a las 605 sociedades de ahorro y crédito que existen el país.
Actualmente, estas entidades no están siendo supervisadas ni por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ni por el Banco Central de Reserva (BCR).
Para ejercer un mayor control sobre estas, el presidente del BCR propone tres anteproyectos de ley: Ley de Bancos Cooperativos, Ley de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley de Sociedades de Ahorro y Crédito.
Cada ley abarcaría un sector específico: depósitos y aportaciones inferiores a $10 millones de dólares, de $10 millones a $30 millones, y mayores a $30 millones. En esta última categoría entran 48 sociedades y cooperativas de ahorro y crédito que tienen activos totales por $2,039 millones, un patrimonio de $415 millones y depósitos por $1,157 millones a diciembre del 2020.
El grupo de entidades que maneja mayor cantidad de activos sería regulado a corto plazo y con los demás se hará de manera paulatina.
“Todas tendrán regularización proporcional y gradual, porque tienen 20 años sin supervisión, no se puede hacer de una sola vez, debe ser gradual y proporcional al riesgo que tienen para no causar una crisis en las asociaciones. Queremos que se hagan bien las cosas, que los salvadoreños estén seguros de que sus aportaciones están regularizadas bajo estándares internacionales mínimos”, explicó el presidente del BCR.
Entre los beneficios para la población de incorporarlos a una regulación formal se encuentra la confianza en que sus depósitos estén seguros, una mayor competencia que permite menores tasas de interés a los clientes y mayor confianza para los usuarios.
Además, garantizará un servicio transparente, confiable y ágil, que contribuirá al desarrollo del país; habrá una mayor divulgación de información a los usuarios y se fortalecerá el marco legal al contar con una normativa que regule y supervise a las entidades que actualmente no están bajo la SSF.
Entre los objetivos de la regulación se encuentra potenciar los derechos de los consumidores para garantizar que las cooperativas y sociedades de ahorro y crédito cumplan con lo establecido en el marco legal.
Esto se logrará a través de alcanzar la transparencia en la información de los servicios financieros, el establecimiento de un registro contable, información en la administración de la entidad, seguridad jurídica en las operaciones y cumplimiento de condiciones mínimas para que estos agentes financieros puedan operar en el mercado.
