En El Salvador han sido noticia diversos hechos de feminicidio, una problemática que siempre ha estado presente, pero de la que ahora hay mayor difusión en medios de comunicación. Pero es necesario reiterar que a la base de esta situación está la violencia machista contra las mujeres, el crimen organizado y la impunidad, entre otros factores que convergen con una incipiente institucionalidad para atender la violencia contra las mujeres por razones de género, es decir la generada por un sistema sociocultural que potencia la posición de subordinación y discriminación de las mujeres en una sociedad.
Por si fuera poco, un informe del Observatorio de Violencia de ORMUSA, indica que el porcentaje de casos que llegan a sentencia en comparación con los crímenes contra las mujeres llevados a los tribunales por parte de la Fiscalía General de la República, no supera el 5% a nivel nacional.
En los años 2016 y 2017, alrededor de 6,326 hechos de violencia contra las mujeres fueron judicializados incluyendo delitos como homicidios simples, homicidios agravados, feminicidios, feminicidios agravados, feminicidio por inducción o ayuda y expresiones de violencia contra las mujeres. Los datos de la FGR muestran que en ese período hubo un total de 205 sentencias condenatorias y 129 absolutorias; homicidio agravado fue el delito donde hubo más condenas con 164 casos. Del 5% de casos que termina en sentencia absolutoria o condenatoria, solo en el 3% hubo condena contra los responsables del crimen.
Si se compara el número de casos que son presentados a los tribunales, versus los que llegan a sentencia, por departamento, La Unión, Ahuachapán y San Vicente presentan entre 8% y 9%; en los extremos inferiores están Sonsonate, San Miguel y Cabañas, que rondan entre el 2% y 3%.
Estas cifras deben ser analizadas por el sector de justicia para atender los nudos críticos que dificultan el juzgamiento y sanción de los delitos contra las mujeres. Dos hechos positivos son la sanción a la Jueza de Paz de El Congo, debido a que una mujer fue asesinada por su pareja al salir del tribunal, donde no le recibieron la denuncia por directrices de la jueza. Otro precedente importante fue la celeridad en la captura e investigaciones en recientes casos de feminicidio de pareja, pero estas acciones deben convertirse en norma y no en excepciones; se espera que sigan ocurriendo con la misma frecuencia y además que las capturas se convierten en sentencias condenatorias.
La complejidad de la problemática de violencia social, la impunidad y el desdén de algunas autoridades demandan recursos y soluciones efectivas. No basta la alerta nacional de violencia contra las mujeres decretada en mayo de 2018, si no hay el debido seguimiento institucional y recursos para concretarla en planes y acciones efectivas. Si bien hay avances sustanciales en instancias como la PNC y el establecimiento de tribunales especializados; el alcance y magnitud de personal en estas instituciones representa un desafío para la sensibilización, capacitación y monitoreo de la totalidad del personal judicial e instancias auxiliares, desde el nivel operativo, técnico y ejecutivo.
Se ha reiterado la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para mejorar los servicios de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y la erradicación de cualquier fuente de violencia institucional; además es necesario mejorar los mecanismos de monitoreo, estructuras internas y el desarrollo de protocolos y definición de rutas de denuncia e investigación de todas las formas de violencia que afectan a las mujeres.
Por ello, es propicio recordar las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) relativas a la violencia institucional, entre ellas: incluir la perspectiva de género en la formación que se brinda al personal operador de justicia a fin de sensibilizar y concientizar sobre el impacto que tienen sus actuaciones en las personas víctimas y sus familiares; crear espacios de interacción y dialogo entre funcionariado y usuarias en la adopción de medidas de prevención y protección, entre otras acciones urgentes en el actual contexto social salvadoreño.
