Con 49 votos, el pleno avaló un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, para que el Ejecutivo pueda suscribir un contrato de préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $25.3 millones, que servirán para financiar parcialmente, el proyecto de construcción, equipamiento y modernización de las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR).
El pasado lunes, el fiscal General, Raúl Melara, fue convocado por los diputados de la Comisión de Hacienda, para estudiar las iniciativas relacionadas con el presupuesto de la institución y un crédito de $25 millones que será destinado para la modernización del edificio del Ministerio Público, así como su equipamiento.
El Ministerio Público tiene un presupuesto de $83.5 millones para el 2020, es decir, $7.8 millones menos que su plan de gastos modificado para este año.
El fiscal Melara, en octubre pasado manifestó que FGR necesita recursos para modernizar el equipo tecnológico de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y convertirla a una Unidad de Análisis Financiero (UAF), con base a normativas internacionales.
Lamentó que los recursos que destinados para el Ministerio Público son insuficientes, lo que limita cumplir con todas las obligaciones.
“Si por un lado tenemos un Órgano Judicial con un presupuesto robusto, pero por otro lado tenemos una Fiscalía con un presupuesto pírrico difícilmente se le puede dar respuesta a lo que la gente necesita”, dijo en una entrevista radial casi a finales de octubre.
El lunes que asistió a la Comisión de Hacienda, Melara precisó en que al construir un edificio se ahorraría el alquiler de 11 oficinas fiscales; en ese momento, los parlamentarios se pronunciaron porque la FGR cuente con oficinas que brinden mejores condiciones a usuarios y economicen recursos en arrendamiento.
Con el financiamiento se apoyará a la institución para que cuenten con infraestructura propia, accesible, funcional, centralizada y debidamente acondicionada, y con un diseño actualizado que permita albergar todas las unidades organizativas que conforman las oficinas centrales de dicha entidad.
A la vez se contribuirá al fortalecimiento de la capacidad institucional por medio de inversiones que fomenten la estandarización, profesionalización y técnicas de las instancias involucradas en la seguridad y administración de justicia en materia penal, garantizando al mismo tiempo que las víctimas y los usuarios en general puedan tener acceso a la seguridad de una forma ordenada, eficiente y más ágil.
