Por Alonso Rosales
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un paquete de reformas el 18 de noviembre de 2025 para disolver el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) y el Consejo Nacional Integral de la Persona Adulta Mayor (CONAIPAM), transfiriendo sus funciones al INABVE (Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos y Excombatientes).
- Por qué lo hacen:
Según los promotores de la reforma, el objetivo es “optimizar” la estructura estatal, centralizar los programas sociales y mejorar la eficiencia técnica al agrupar bajo una misma institución (INABVE) los beneficios para veteranos, personas con discapacidad y adultos mayores. - Funciones transferidas:
INABVE asumirá las responsabilidades que tenían el CONAIPD y el CONAIPAM, incluyendo: registro de personas con discapacidad, programas sociales, servicios de salud preferencial, pensiones no contributivas y otras prestaciones. - Proceso de disolución:
Se creará una Comisión Liquidadora compuesta por representantes del CONAIPD, INABVE y el Ministerio de Hacienda. Tendrán un plazo máximo de seis meses para liquidar el CONAIPD, hacer inventario de sus bienes y transferir procesos pendientes. - Presupuesto:
- El CONAIPD tenía un presupuesto para 2025 de US$ 345,354.
- Para 2026, estaba previsto un presupuesto de US$ 346,537 para el CONAIPD.
- Según la reforma, el Ministerio de Hacienda deberá trasladar esas asignaciones presupuestarias al INABVE como parte del traspaso.
- Reforma legal (decreto aprobado):
Los diputados aprobaron tres decretos:
- Ley para disolver, liquidar y trasladar las funciones del CONAIPD.
- Ley para disolver, liquidar y trasladar las funciones del CONAIPAM.
- Reforma a la Ley de Veteranos y Excombatientes para permitir que INABVE asuma ese nuevo rol institucional con personas con discapacidad y adultos mayores.
- Riesgos y críticas:
- Algunos diputados y organizaciones de personas con discapacidad han advertido que podría haber una pérdida de especialización técnica y participación sectorial.
- Se ha planteado que los derechos y beneficios dependerán de “la capacidad financiera del Estado”, lo que generaría incertidumbre para los beneficiarios.
- Además, INABVE no estaría obligado a mantener los contratos laborales de los empleados del CONAIPD tras la disolución.
- Defensa del gobierno:
- La asesora jurídica del despacho de la Primera Dama, Francesca Rivas, aseguró que no hay retroceso en derechos: los servicios no solo se mantendrán sino que se fortalecerán bajo el INABVE.
- Destacan la centralización como un mecanismo para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades institucionales.
Fuentes . DIARIO EL MUNDO, LA PRENSA GRAFICA , COLATINO
