Redacción ContraPunto
La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles la prórroga número 52 del Régimen de Excepción, una medida clave dentro de la estrategia de seguridad del Gobierno para combatir a las pandillas. La extensión fue avalada con 57 votos y estará vigente del 30 de junio al 29 de julio de 2026.
Desde su implementación en marzo de 2022, el régimen ha sido uno de los pilares del Plan Control Territorial, impulsado por el Ejecutivo. Según cifras oficiales, el país ha registrado 1,137 días sin homicidios desde entonces, incluyendo 149 en lo que va del presente año.
En el marco de esta política, las autoridades reportan la captura de 92,414 presuntos miembros de estructuras criminales, así como el decomiso de 5,451 armas de fuego, 12,110 vehículos y 24,955 teléfonos celulares. Además, se ha incautado droga valorada en más de 1,534 millones de dólares.
El oficialismo defiende la continuidad de la medida. El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, señaló que el país ha experimentado una transformación significativa en materia de seguridad. “El Salvador registra una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, posicionándose como uno de los países más seguros del continente”, afirmó. Por su parte, el legislador Walter Coto aseguró que el régimen ha permitido salvar miles de vidas y evitar el reclutamiento de jóvenes por parte de pandillas.
Postura de organizaciones de derechos humanos
Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales han expresado preocupación por los efectos del Régimen de Excepción en las garantías fundamentales. Entidades como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y organizaciones locales han señalado denuncias de detenciones arbitrarias, falta de debido proceso y condiciones precarias en centros penales.
Estas ONG reconocen la reducción de la violencia, pero advierten que la seguridad no debe lograrse a costa de debilitar el Estado de derecho. También han instado al Gobierno a implementar mecanismos más sólidos de supervisión judicial y transparencia, así como a revisar casos de personas detenidas sin pruebas suficientes.
Algunas organizaciones han documentado casos de familias que aseguran que sus parientes fueron capturados sin vínculos comprobados con pandillas, lo que ha generado llamados a establecer procesos de revisión más ágiles e independientes.
Un debate que continúa
Mientras el Gobierno sostiene que el régimen es necesario para consolidar los avances en seguridad, el debate sobre su impacto en los derechos humanos sigue vigente tanto a nivel nacional como internacional. La prórroga aprobada prolonga una política que, aunque respaldada por altos niveles de popularidad, continúa generando opiniones divididas.
