Para nadie es un secreto, así lo ha demostrado la vida, que para la clase política de El Salvador los cargos de elección ciudadana y todos los demás dados por afinidad partidaria o por acuerdos no éticos, tienen generalmente la finalidad de favorecerse tanto la persona investida, como a sus allegados y al partido que les facilita obtener el poder legalmente.
Cada época electoral, escuchamos palabras grandilocuentes sobre los diversos sacrificios que hacen los postulantes por servir a la patria y/o para sacar adelante a nuestro país; los ofrecimientos son diversos, hay para todos los gustos y necesidades, pero una vez empoderados las cosas son completamente diferentes.
La verdad es que a estas alturas de nuestra historia y por los casos que hemos podido conocer, posiblemente hay otros que no conocemos pero que tenemos indicios, los dineros del erario público ha sido hurtados, malversados, utilizados para corromper la institucionalidad y en el menor de los casos mal administrados, por las personas que deberían “velar por la eficacia de la gestión y realización de los negocios públicos” numeral 15 del art. 128 de la Constitución.
La falta de solidaridad humana es evidente cuando sin ningún escrúpulo los gobernantes se agencian cantidades millonarias de los dineros públicos para beneficio personal, de sus familias y de las personas cómplices que igual que ellos no se ponen a pensar que en nuestro país, la mayoría de la población pasa hambre por no tener lo elemental para ellas y sus familias y que las personas que ganan salario mínimo no cubren ni la canasta básica para sobrevivir, mientras ellos, los gobernantes, se recetan dobles sueldos, bonos, salarios inmerecidos y regalías aceptando sobornos de empresas corruptas que se benefician y que además cuestionan el mísero salario de las personas que les trabajan.
No hay ningún candidato para el cargo público que sea, que no prometa luchar y/o terminar con la corrupción, pero parecería que la corrupción es un virus que contraen una vez están ejerciendo poder y que su debilidad de carácter no les permite distinguir entre lo propio y lo ajeno, ni comprender que ser gobernante en una República es procurar el bien común para toda la población que es el ente soberano a quien se deben.
Realmente es vergonzoso como funcionarios que deberían proteger los intereses y principios republicanos se presten por ambición de poder y de todo lo que lo acompaña, a ser piezas de una cadena de corrupción que estrangula a la sociedad salvadoreña. Una de ellas ha sido la Corte de Cuentas de la República que en varios momentos ha servido para que los que la han dirigido de la noche a la mañana resulten con bienes y empresas mal habidas, dando finiquitos a diestra y siniestra.
Se hace difícil creer en la verborrea preelectoral, el funcionariado político rara vez es consecuente con lo que dice, pero es indudable que alguna fórmula tenemos que elegir, e independientemente de quien obtenga la mayoría de votos, debemos estar vigilantes de sus actuaciones, la denuncia ciudadana debe ser oportuna y constante para que sea efectiva y no rendirnos de exigir el respeto al Estado Constitucional de Derecho para realmente tener un gobiernos Republicanos, Democrático y Representativo como lo enuncia el inc. 1ro del art. 85 de nuestra Constitución.
