Tras el encuentro entre el Gobierno de El Salvador y representantes de los partidos políticos este miércoles, se conoció que el decreto de austeridad contempla recortar gastos en bienes y servicios por un monto de US$126 millones de dólares. Esta propuesta forma parte de las medidas para equilibrar las finanzas del Estado.
Según el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, el plan incluye congelar plazas existentes y vacantes, compra de vehículos, telefonía y combustible. Además, buscaría suspender los contratos de seguros médicos privados a partir del próximo año.
El decreto también estipula que ningún funcionario podrá tener un salario mayor que el del presidente de la República y prevé el recorte de US$40 millones en remuneraciones y US$51 millones en bienes y servicios.
La diputada del partido ARENA, Milena de Escalón, explicó que durante la reunión se dio un informe sobre el cumplimiento y lo que aún está pendiente de cumplir como parte del acuerdo adoptado en noviembre de 2016. Dicho pacto permitió al Gobierno convertir la deuda de corto plazo a deuda de largo plazo para cubrir gastos ineludibles del ejercicio fiscal.
Sobre la propuesta del GOES, la diputada detalló que se planea contraer el gasto en un 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), que representa un poco menos de US$130 millones. Aunque explicó que estos todavía no son acuerdos. “Se reciben los insumos que hay trasladar al presidente del partido y luego ARENA dará su posición”, acotó.
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Uno de los puntos que según la diputada no fue retomado es la reducción en “gastos reservados”, donde ellos señalan debe haber una contracción fuerte para tener solvencia y cubrir -entre otros gastos- el pago de pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Aunque poco se conoce sobre los gastos reservados o “partida secreta”, en este rubro entran costes en concepto de inteligencia de Estado.
Otro de los puntos pendientes fue la aprobación de la Ley de Cobro Coactivo, con la que se busca establecer un procedimiento para que el Estado haga efectivo el cobro de las obligaciones que los contribuyentes adeudan.
Según de Escalón, esta tiene vicios de inconstitucionalidad por lo que su partido ha sugerido llevarlo a la comisión de Hacienda para consultar cómo formular una ley que respete el ordenamiento jurídico.
Este decreto sería una de las medidas con las que el Ejecutivo pretender equilibrar las finanzas del Estado que desde hace muchos meses amenaza al país con un “default” al no poder responder con sus obligaciones y compromisos.
En la reunión también se retomó la decisión del Gobierno de recortar el subsidio a la energía eléctrica, y anunció que también focalizará el subsidio al agua.
El Ejecutivo anunció hace unos días que retomarían las mesas de diálogo para garantizar la estabilidad de las finanzas públicas que se mantenía en pausa desde hace varias semanas. Además, destacó la importancia de construir consensos para resolver los temas de país, para lo cual su administración continuará promoviendo una política de diálogo con los diversos sectores.