El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, se comprometió este martes con la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, a revisar las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en las prisiones con pandilleros.
"Estamos comprometidos en revisarlas por si hay alguna que pueda estar violentando los derechos humanos, aunque a mi juicio no hay ninguna", dijo Gallegos.
El también diputado de GANA señaló que Callamard "mostraba preocupación" porque estas medidas carcelarias que "de alguna manera vulneraban los derechos humanos".
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Sin embargo, Gallegos, que promueve la legalización de la pena de muerte contra las pandillas, añadió que le dijo a Callamard que en el país están los "reos comunes y los terroristas (pandilleros), que se les trata como tal".
"Las medidas extraordinarias han permitido bloquear totalmente la comunicación" entre los líderes encarcelados y los pandilleros en libertad, apuntó.
Estas medidas, aprobadas en 2016 y que tienen vigencia hasta el próximo abril, incluyen la suspensión de las visitas y el aislamiento en las celdas, entre otras.
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El Gobierno atribuye la brusca reducción en la tasa de asesinatos en el país a estas restricciones, que se suman a un mayor despliegue militar y la creación de un comando elite de 1.000 elementos de seguridad para dar caza a las columnas armadas de pandilleros en la zona rural.
Callamard llegó a El Salvador para indagar las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a los cuerpos de seguridad y cerrará su visita con una conferencia de prensa el 5 de febrero próximo.
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El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, muertes violentas atribuidas principalmente al accionar de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.
