Los diputados de la Comisión de la Familia han revisado 43 de los 94 artículos de la propuesta de reforma de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El objetivo de esta medida es actualizar la normativa y asegurar el funcionamiento técnico y administrativo del Sistema Nacional de Inclusión y Protección de las Personas con Discapacidad.
También, las modificaciones buscan otorgar beneficios a las personas con discapacidad, incluyendo la emisión de un carnet de discapacidad y la ejecución de estrategias inclusivas para evitar la discriminación. Además, se pretende asegurar el acceso a empleo y formación profesional, para lo cual las empresas privadas y del Gobierno deberán cumplir con cuotas establecidas por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, se busca garantizar el acceso pleno a educación, salud y apoyo a iniciativas emprendedoras.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. En El Salvador, el último censo realizado en 2015 indica que más de 4,010 personas tienen discapacidad, siendo el 47% de los casos problemas físicos.
Por su parte, la gerente de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Local, Anaela Gómez, expresó que esta iniciativa es una oportunidad para mejorar el marco legal e institucional y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
También, durante el estudio de las reformas se recibieron a Carlos Avilés Dueñas y Víctor Manuel Pérez representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), quienes sugirieron agregar artículos que regulen los derechos de las mujeres con discapacidad y las víctimas de violencia, así como establecer medidas de sensibilización en las instituciones del Estado para la atención inmediata a personas con discapacidad.
El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) también mostró su apoyo a la reforma, destacando la necesidad de cumplir con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La presidenta del ISRI, Mayra Ligia Gallardo, destacó que las modificaciones permitirán una evaluación unificada de la discapacidad y clarificarán los pasos y competencias de las comisiones evaluadoras.
Por otro lado, un grupo de organizaciones representantes solicitó, a través de un “dictamen recomendable”, que recibió el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), un reglamento para garantizar el arbitraje y la organización administrativa que establece la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad. Han pasado 590 días desde que se aprobó la ley y 140 días desde que se prorrogó la entrada en vigencia del capítulo XVIII de la misma, que establece las funciones de un Tribunal Sancionador.
“Lo único que nosotros estamos exigiendo es el derecho a vivir en una sociedad inclusiva, con atención universal, con un transporte adecuado para las personas con discapacidad. Y es lo que nosotros estamos esperando, tras la aprobación del reglamento”, dijo la representante de las organizaciones, Carolina Vázquez.
